Tiembla el mafioso y corrupto de Jorge Macri: Denuncian al Jefe del gobierno ¡Porteño por encubrimiento en el triple crimen de Florencio Varela!

La Justicia ahora apunta de lleno contra un importante dirigente del sello Propuesta Republicana (PRO)

El periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia penal en la justicia federal contra un importante dirigente de Propuesta Republicana (PRO), a quien señala por presunta asociación ilícita, encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público en el marco del triple homicidio de mujeres ocurrido en Florencio Varela el pasado 20 de agosto.

Una de las víctimas era menor de edad y todas presentaban signos de extrema violencia, como mutilaciones y desmembramiento.

De acuerdo con el escrito, el crimen estaría relacionado con un cartel peruano asentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con vínculos en el narcotráfico y el grupo Sendero Luminoso.

La denuncia sostiene que el dirigente señalado habría recibido advertencias sobre la actividad de estas organizaciones criminales en barrios porteños, pero no se habrían tomado medidas efectivas para frenarlas. Esa falta de acción, plantea el denunciante, configuraría un encubrimiento por omisión.

El documento judicial también describe la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes ejercían prostitución en la zona roja del barrio porteño de Flores y, al mismo tiempo, habrían estado ligadas a la comercialización de estupefacientes, lo que refuerza la sospecha de la conexión con redes de narcotráfico.

Asimismo, se cuestiona la falta de eficacia de la Policía de la Ciudad bajo la conducción del dirigente, mencionando robos de alta complejidad y la rotación permanente de ministros de Seguridad como ejemplos de desorden e ineficiencia.

Míguez pidió que se tomen declaraciones testimoniales, se realicen pericias forenses y se investigue a fondo la estructura del cartel señalado, incluyendo eventuales nexos con funcionarios porteños.

La presentación califica el caso como de “gravedad institucional” y advierte que la corrupción y la inacción estatal ante el avance del crimen organizado pueden terminar cobrando vidas inocentes.

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