Se trata del negocio millonario que encabezan tres jefes de Clarín y que, según un relevamiento, este año tuvieron ganancias por 3 millones de dólares sólo en inscripciones.

En 2024, el diputado nacional Rodolfo Tailhade realizó una denuncia sobre la Media Maratón y la Maratón Buenos Aires, ambas actividades organizadas por una ex asociación civil llamada Carreras y Maratones Ñandú. La misma se constituyó como fundación en 2002 por iniciativa de los empresarios Carlos y Santiago Sáez, dueños de la marca Ona Sáez.

En 2013 le entregaron Ñandú a Ricardo Horacio Roa, uno de los jefes de Clarín quien, actualmente, comanda la redacción general del diario. Roa fue quien cambió el estatuto de Ñandú y la constituyó como una empresa. La firma está integrada por Luis Rodolfo Vinker como presidente, Pablo Rafael Vaca como vicepresidente y Ricardo Horacio Roa; los tres popes principales del grupo empresarial Clarín. El gobierno porteño pone toda su infraestructura a disposición y, entre otros puntos, según la denuncia presentada en la fiscalía, el jefe de Gobierno Jorge Macri es culpable por supuestos delitos contra la administración pública por la Maratón Buenos Aires.

Éste año, según un relevamiento realizado por el diputado Rodolfo Taihlade, ambos eventos recaudan (en principio) 2.700 millones y us$ 850 mil en inscripciones, Ñandú se lleva $ 405 millones y us$ 127 mil extra por el 15% que se queda Ticketear. O sea, en total la estructura de Roa recauda, según un relevamiento del diputado nacional Rodolfo Taihlade, unos $ 3.100 millones y casi un millón de dólares sólo en entradas a la carrera.

Hace unas horas, el deportista Martin Sharple denunció penalmente al jefe de Gobierno por supuestos delitos contra la administración pública por la Maratón Buenos Aires. Es porque, entre otros puntos, el GCBA pone la infraestructura a disponibilidad para la realización de este negocio, sin la realización de licitación pública, ni concurso de precios ni mecanismo transparente de contratación alguno. Como enmarca la denuncia “se entrega libre y graciosamente a una empresa uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad, de trascendencia internacional, y por si fuera poco no se conoce el acto administrativo que evidencia la decisión de la administración ni el proceso interno que llevó a esa definición”.

En otro punto del documento presentado se señala: “Toda la ciudad cortada, gastos de logística millonarios, miles de policías de la ciudad que deberían estar combatiendo el delito y no garantizando que se cometan, y de trabajadores municipales afectados al aseguramiento de un negocio millonario que no le deja ningún rédito al porteño ni a su gobierno. Pero sí, como estamos viendo con meridiana claridad, a Ñandú”

Sharples se presentó ante la fiscalía a efectos de formular una denuncia penal por los hechos que, en principio, parecen configurar delitos contra la administración pública tales como “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5° CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 CP), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), entre otros”.

“Es un tema que vengo siguiendo desde hace años. Ñandú es una organización que nunca blanquea por reglamento cuánta plata hay en los premios. Cuando era fundación no presentaban los balances y prefería pagar la multa porque es más barato. No se conocen los números y además está la complicidad de año de Jorge Macri, desde cuando estaba en la presidencia del grupo Bapro, que era parte del sponsor del Maratón Buenos Aires, era raro porque se corría en capital y Bapro era de provincia”, explicó en diálogo con Tiempo el deportista

Martin Sharples, es un deportista con discapacidad que a consecuencia de un accidente de tránsito en abril de 1993, sufrió la amputación de sui pierna izquierda sobre rodilla. Desde entonces realiza su actividad deportiva con una prótesis de alto rendimiento y en silla de ruedas en carreras de calles. En 1995 inició su participación en carreras primero con la prótesis, y en 2000 logró correr la maratón pero como no existía categoría en esas condiciones lo hizo en silla de ruedas.

“Yo me lo crucé a Macri en la época que no había premio para los deportistas con discapacidad. Y le pregunté ‘cuánta plata ponés’  y le dije si sabía que era parte d ela complicidad de no premiar a los atletas con discapacidad. Medio que se ofendió y nunca me respondió. Pera la que ponía Macri era plata del Banco Provincia, nunca se supo cuánta plata le daba a la organización y todo esto, pero bueno, ahora veremos si le responden a la justicia”, agregó Sharples.

Significación jurídica

El documento presentado en la fiscalías, que aún no fue tramitado a un juzgado en particular, pone negro sobre blanco sobre la complicidad del actual jefe de Gobierno Jorge Macri con Ricardo Roa.

“El GCBA pone toda la Ciudad a disposición de un grupo económico que se lleva millones de dólares sin dejar nada a la Ciudad, o por lo menos sin permitir que otras personas físicas o jurídicas participen de un proceso competitivo de contratación en el que se pueda ver con transparencia quien ofrece más beneficios para la Ciudad como contrapartida de organizar las carreras y lucrar con ello”, destaca Sharples en su denuncia.

“El único acto administrativo que pude encontrar en relación con este tema pone de manifiesto la complicidad de funcionarios del GCBA con las maniobras ilegales hacia el interior de la administración pública que buscan asegurar el negocio para Ñandú. Y tiene que ver con la disposición n° 2173 de la Dirección General de Control de la Movilidad, de fecha 19 de agosto pasado, por la que el GCBA autorizó a Carreras y Maratones Ñandú SA a realizar cierre de calles para la “Media Maratón de la Ciudad 21k”, que se realizó el domingo 24 de agosto”, agregó.

En ese sentido asegura: “No encontré disposición o resolución de algún área de GCBA que tenga que ver con la Maratón del domingo 21 de septiembre, pero la que sí tenemos es una disposición que en ningún momento refiere el acto administrativo por el que se otorgó a Ñandú la organización del evento. Es decir, no hay identificación de ninguna resolución de autoridad pública en la disposición que autoriza el corte de calles para la realización de una Maratón de orden internacional.”