El magistrado que lleva la investigación sobre el presunto financiamiento narco en la campaña de José Luis Espert fue denunciado este lunes en los tribunales de Comodoro Py

En medio de la investigación que compromete al ex candidato libertario José Luis Espert y al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi fue denunciado penalmente en los tribunales de Comodoro Py.

Según el expediente CFP 4258/2025, la presentación fue realizada este 6 de octubre ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por Adrián Marcelo Bastianes, quien lo acusa de denegación y retardo de justicia artículo 273), incumplimiento de la obligación de perseguir delitos (artículo 274) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249).

El denunciante compareció personalmente ante la Secretaría General del fuero federal, donde ratificó sus dichos y dejó constancia de sus datos personales, según el acta que ya fue ingresada al sistema judicial “para uso oficial”.

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del propio Martínez De Giorgi, lo que podría derivar en un pedido de apartamiento por conflicto de interés.

Aunque los fundamentos del escrito aún no trascendieron públicamente, la presentación ocurre en un contexto clave de la causa Espert–Machado, donde la Justicia argentina espera una definición de la Corte Suprema sobre la extradición del empresario detenido en Viedma a pedido de Estados Unidos.

De acuerdo a fuentes judiciales, Martínez De Giorgi no avanzaría en la citación a indagatoria de Espert hasta que se conozca la sentencia contra Machado, considerado pieza central del entramado de financiamiento político que investiga la Justicia norteamericana.

El empresario argentino, acusado de lavado de dinero, narcotráfico y estafas internacionales, permanece detenido desde abril de 2021, tras ser arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén. Su extradición a Texas fue solicitada por el Departamento de Justicia estadounidense, que lo vincula con la red criminal de Debra Mercer-Erwin, ya condenada en 2023.

La investigación local, bajo la órbita de Martínez De Giorgi, apunta a determinar si Espert recibió 200 mil dólares desde una minera guatemalteca asociada a Machado, tal como consta en documentos del Bank of America incorporados al expediente “USA versus Mercer-Erwin et al.”.

El escándalo derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, decisión que sacudió al oficialismo libertario y que fue celebrada en redes por el propio Javier Milei, quien buscó despegar su figura del caso.

Prontuario. Martínez de Giorgi, el juez que ordenó detener a Hebe

Es juez federal y hoy presta servicio a los nuevos representantes del poder, como ayer lo hizo con el kirchnerismo.

El Partido Judicial, después de acompañar al kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno otorgando impunidad en casos de corrupción y apoyando sus políticas antiobreras como el procesamiento a 5.000 luchadores, se pasó a la oposición cuando éste comenzó a perder poder y debilitarse

Este es el caso del juez De Giorgi, quien en agosto de 2010 sobreseyó al matrimonio presidencial por la creación de la consultora privada El Chapel al entender que “no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar”.

En 2011 el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, imputado en una causa en la que el mismo Juez debía investigar si había favorecido a los empresarios de colectivos para que continuaran usando formaciones con antigüedad antirreglamentaria, también fue sobreseído.

Recién a fines de 2014, cuando fue despedido el agente Stiuso, Martínez de Giorgi se pasó a la oposición complicando al Gobierno.

Su paso a la oposición

Reabrió la causa de Sueños Compartidos y llamó a declarar a Hebe de Bonafini. A pesar que la titular de Madres de Plaza de Mayo presentó un escrito, el juez emitió una orden judicial para que la Policía Federal la lleve por la fuerza. Esta decisión, con el despliegue de helicópteros y carros policiales, contrasta con la medida tomada cuando investigó la causa por el Megacanje: la estafa que terminó con un aumento de la deuda externa en 55 mil millones de dólares y que tenía como uno de los acusados al exsecretario del tesoro de EE.UU., David Mulford. Recién 11 años después de comenzada la causa, en 2012, el juez pidió la captura internacional de Mulford.

Es sabido que los jueces federales tienen trato directo y cotidiano con los Servicios Secretos. No extraña que Di Giorgi le extienda la mano el exjefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso. El juez rechazó el pedido de embargo dictado por la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los bienes del espía acusado de enriquecimiento ilícito.

También sobreseyó al camarista federal Eduardo Freiler, acusado por el abogado Ricardo Monner Sans de enriquecimiento ilícito sin siquiera investigar. Monners Sans impugó la sentencia por fraudulenta. Pero quien debía investigar el fraude y no lo hizo era el juez Sebastián Ramos, hermano del secretario de Martínez De Giorgi. La gran familia judicial cuenta con impunidad garantizada.

Cuando el juez pidió sancionar a legisladores por manifestarse

El intento de detención a Hebe fue repudiado por los legisladores del PTS-FIT, Myriam Bregman y Patricio del Corro, quienes se movilizaron hasta Plaza de Mayo. Al día siguiente el juez Martínez de Giorgi instó a que los cuerpos legislativos investiguen y sancionen a los legisladores que se manifestaron en Plaza de Mayo repudiando