La ministra de “In-seguridad”, Patricia Bullrich
La investigación sobre el ataque que dejó al fotógrafo Pablo Grillo en terapia intensiva tras recibir el impacto de un cartucho de gas disparado por el gendarme Héctor Guerrero durante la brutal represión a la marcha de jubilados, ha tomado un nuevo impulso que podría involucrar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La familia de Grillo ha sido formalmente aceptada como querellante en la causa, abriéndoles la puerta a un rol más activo en el proceso judicial.
Esta decisión, tomada por la jueza María Servini tras su reincorporación al Juzgado Federal N°1, permite a la familia acceder al expediente, monitorear las acciones del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y proponer medidas para esclarecer las responsabilidades detrás del incidente. Las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respectivamente, representan a la familia.
Con esta nueva potestad, la familia Grillo ha presentado de inmediato un escrito solicitando a la jueza que avance en la obtención de información clave relacionada con el operativo del 12 de marzo. Específicamente, están requiriendo al Ministerio de Seguridad que remita:
Información previa sobre las protestas del día del hecho y el diseño del operativo. Esto incluye los listados de autoridades presentes en la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones, así como copias de los audios crudos de las modulaciones radiales entre la Sala de Situación y el personal del operativo.
Un informe detallado con las directivas impartidas durante el operativo. Particularmente, solicitan el contenido de las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales, como irritantes químicos, postas de goma, granadas de gas y camiones hidrantes.
Las órdenes de servicio relacionadas con el operativo.
La familia busca responsabilizar no solo al gendarme Guerrero, sino también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al titular de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, y a otras autoridades de la fuerza, como el jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira. Argumentan que la información solicitada es crucial para determinar el grado de responsabilidad de estas figuras en los hechos.
Mientras tanto, la justicia ya había solicitado a Gendarmería Nacional una copia del legajo del cabo primero Guerrero, identificado por la familia como el autor del disparo, basándose en pruebas como los videos analizados por el Mapa de la Policía. También se solicitó información sobre el efectivo que portaba la inscripción “Picha” en su casco, que se cree que podría ser el propio Guerrero.
Los abogados defensores del imputado, Claudio Nuncija y Martín Sarubbi, también han sido formalmente incorporados a la causa.
Este avance en la investigación representa un paso importante para la familia Grillo, que busca justicia y transparencia en un caso que ha puesto de manifiesto la problemática del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social. El acceso a la información y la capacidad de proponer medidas probatorias les permitirán tener un rol activo en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de las responsabilidades en este grave incidente.
