Municipios bonaerenses y provincias acusan al organismo de favorecer a las clínicas en perjuicio de hospitales públicos y jubilados. Stolbizer pidió explicaciones al titular del instituto por un entramado que se replica en distintas delegaciones.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) quedó en el centro de un nuevo escándalo que combina acusaciones por desvío de fondos, pérdida de cápitas en hospitales municipales y presunto financiamiento paralelo para el partido de gobierno, La Libertad Avanza; antecediendo a la filtración de audios sobre la corrupción en la ANDIS. La situación fue denunciada en distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y replicada en provincias como Chaco, Jujuy, Misiones, La Pampa y Santa Cruz.

Como viene informando Enclave-arg.online, en la Costa Atlántica se acumulan denuncias por el desfinanciamiento de hospitales municipales mediante la derivación de cápitas a clínicas privadas, en muchos casos a kilómetros del centro anterior. Esto, al márgen de la discrecionalidad y el entramado de corrupción que favorece, tiene un impacto directo en el sistema público de salud y en la atención de jubilados y beneficiarios.

Los dos casos emblemáticos son Villa Gesell y General Madariaga. Esos municipios denunciaron hace meses, públicamente, que PAMI reasignó de manera “arbitraria e injustificada” miles de cápitas de afiliados hacia prestadores privados, dejando a los hospitales públicos locales con un déficit millonario.

Al respecto, el secretario de Salud geselino, Jorge Villalba, advirtió que el hospital municipal pierde unos 12 millones de pesos mensuales por la reasignación de 1.000 jubilados a clínicas privadas. “Esto representa un perjuicio económico enorme y obliga a los jubilados a trasladarse más de 100 kilómetros para atenderse”, señaló.

Por su parte, el intendente de Madariaga, Esteban Santoro, presentó una denuncia penal que incluye los delitos de asociación ilícita, cohecho y fraude a la administración pública. Según la presentación, el hospital local perdió 3.000 cápitas, que fueron derivadas al Instituto Médico Madariaguense, clínica privada que ahora recibe más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, no presta.

El abogado municipal Leandro Alonso remarcó que la maniobra no fue un error administrativo sino una “acción deliberada” que podría implicar responsabilidades penales. “No se trata de un botón mal apretado. Se trasladaron cerca de 10 mil afiliados de un día para el otro, algo que requiere avales de alto nivel en el sistema informático de PAMI”, explicó.

La situación, que también afecta a Pinamar y al Partido de La Costa, donde se denunció que PAMI paga remises para trasladar a jubilados hasta la clínica de Madariaga, aun cuando existen hospitales y efectores privados con capacidad de atención en cada distrito.

Por caso, en Necochea, el intendente Arturo Rojas denunció que el organismo resolvió derivar 10.000 cápitas del Hospital Municipal “Dr Emilio Ferreyra” a la Clínica Cruz Azul, en una medida que implica una pérdida anual de 180 millones de pesos para el sistema público local. Desde el municipio sospechan que parte de esos fondos terminaron en la campaña del dirigente libertario Juan Cerezuela, con la intermediación del operador político Mariano Valeante.

El Congreso toma nota: el pedido de Stolbizer

Ante este contexto, quien se hizo eco de las demandas fue la diputada Margarita Stolbizer. La líder del GEN recogió la denuncia del intendente Santoro y presentó un proyecto de resolución para citar al titular de PAMI a la Comisión de Salud de la Cámara Baja. En el pedido, la legisladora advirtió sobre “un modus operandi de mala gestión y comportamientos criminales” que afecta tanto a los recursos públicos como a los jubilados.

En el escrito, Stolbizer enumeró denuncias en Buenos Aires y otras provincias, que incluyen aportes compulsivos, designaciones partidarias y desvío de fondos en perjuicio de los hospitales públicos. “Estamos frente a posibles hechos de corrupción cometidos por funcionarios del organismo que deben rendir cuentas”, señaló.

Las provincias: una red de irregularidades

En paralelo, en distintos puntos del interior se multiplican los cuestionamientos. En Jujuy, se derivaron afiliados a una clínica vinculada al diputado libertario Manuel Quintar. En Chaco, la justicia federal investiga presuntos pedidos de coimas a funcionarios de PAMI y ANSES. En Santa Cruz, el interventor de la obra social y hoy candidato a diputado por LLA, Jairo Guzmán, fue denunciado por extorsión y pedidos de aportes compulsivos a profesionales de la salud.

La propia ex funcionaria del PAMI de la ciudad de La Plata (Buenos Aires) y diputada suplente de LLA, Viviana Aguirre, denunció públicamente que dirigentes del oficialismo pedían hasta un millón de pesos en efectivo para acceder a cargos en el organismo. “Es un circuito que viene hace años y que ahora se incrementó con La Libertad Avanza. No lo vinieron a sacar, lo profundizaron”, sostuvo.

Una caja política bajo sospecha

Con hospitales municipales desfinanciados, clínicas privadas beneficiadas y un entramado de denuncias que alcanzan a distintas provincias, el PAMI se convirtió en el epicentro de un esquema que, según intendentes, legisladores y ex funcionarios, combina corrupción, negocios privados y utilización partidaria de los recursos del Estado. Lo mismo sucedería en muchos ámbitos del Estado y se hizo público y notorio con el actual escándalo alrededor de la ANDIS.

Mientras tanto, jubilados y jubiladas de todo el país continúan en trantando de sobrevivir con prestaciones recortadas, sin los medicamentos que necesitan y con haberes por debajo de la línea de indigencia que el propio gobierno de Javier Milei establece. Pero además, los mayores están desde la asunción de la adminstración libertaria, obligados a desplazarse, interrumpir tratamientos o enfrentar trámites burocráticos para volver a atenderse en los hospitales públicos de sus ciudades.