El presidente no se cansa de decir que “no hay plata”, sobre todo cuando debe destinarse a los sectores más vulnerables. Sin embargo, dos empréstitos de organismos internacionales destinados al organismo por un total de 565 millones de dólares no se sabe qué destino tuvieron. Además, la contratación de una firma de dudosa procedencia y cinco adolescentes para dar de baja pensiones usando sellos robados; el sobreprecio escandaloso para tres charlas motivacionales; viajes internacionales y la sombra de negocios con supuestos servicios de inteligencia israelíes.

Cuando un periodista misionero de Crónica TV expuso en vivo y en directo que una mujer joven firmaba bajas de pensiones por discapacidad y las rubricaba con un sello de un médico que, obviamente, no era ella, se encendieron las primeras señales de alerta de una irregularidad manifiesta.

Todo había comenzado en la pequeña localidad misionera de San Ignacio, cuando alrededor de cuatro mil personas fueron convocadas al concurrir al viejo edificio de un restorán abandonado para la certificación de su discapacidad. En la sede improvisada para las auditorías, que lideraba una joven mujer con acento porteño, era tal el caos que cinco beneficiarios se descompensaron y una mujer sufrió un ACV sin recibir atención de manera inmediata, tal como relata el portal “Misiones al instante”.

Una semana después la situación se repitió en 25 de Mayo, donde vecinos denunciaron que “se están entregando certificados apócrifos” y que “los médicos convocados no firman las auditorías”.

Uno de los testimonios quedó registrado por el medio “Periodismo en Bicicleta”, donde una damnificada muestra un certificado viciado de nulidades y firmado por un médico que no estaba presente al momento de la firma:

Periodismo en Bicicleta on Instagram: “ESCÁNDALO NACIONAL – EXCLUSIVO – PRIMICIA DE PERIODISMO EN BICICLETA – NOTICIA EN DESARROLLO Auditorías del ANDIS en Misiones. Juan Martin Cáceres, candidato a diputado nacional por el frente renovador de Misiones,denuncia en el video, que usaron sellos y firmas falsas y escaneadas de medicos de Pergamino provincia de Buenos Aires en los formularios que le entregaron a las personas Supuestos auditores, según denuncias, carecían de título médico y los formularios ya estaban firmados. ” Acá no hay médicos ” dijo una de las personas con discapacidad luego de ser auditada Desde periodismo en bicicleta nos comunicamos con el doctor Leandro Peñaloza uno de los damnificados que dijo lo siguiente: ” Recién me entero de la noticia, porque me contó mi hijo, el lunes voy hacer la denuncia a la justicia y a distintas entidades médicas, yo no firmé nada estoy acá en Pergamino. También me voy a contactar con mi colega ” Noticia en desarrollo”

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli ya había advertido: “Desde abril venimos alertando sobre el incumplimiento absoluto del proceso de auditorías por parte de Andis. Por eso recurrimos a la Justicia Federal para que se suspendan estas prácticas irregulares”.

No solo era extraño que las auditorías se hicieran en lugares ajenos a cualquier cuestión sanitaria, como un restorán; lo que también era llamativo es que quienes atendían a los beneficiarios de pensiones que debían certificar discapacidades eran jóvenes muy airados, de mal trato, que no superaban los veinticinco años y que eran quienes extendían las constancias con el sello y la firma de dos médicos: Claudio Lapetina y Leandro Peñaloza quienes, por supuesto, no estaban presentes porque ignoraban por completo que su nombre y matrícula estuvieran allí en danza.

En la constancia además exigían al beneficiario que “deberá remitir copia de la documentación, de la constancia de atención brindada por el profesional a ANDIS en un plazo máximo de treinta días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el trámite con las consecuencias que puede implicar”. Podían hacerlo a través de internet en la plataforma “trámites a distancia”, en las oficinas de ANSES o en las de ANDIS. Cabe destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad no tiene atención, y que los trámites online, para una población mayoritariamente rural y empobrecida, son imposibles.

Peñaloza es un médico cardiólogo de Pergamino, de más de cuarenta años de

trayectoria y reconocimiento, un doctor de pueblo querido por sus vecinos quien, incluso, fue secretario de salud de la comuna. “Alguien utilizó un sello profesional a mi nombre que es evidentemente falso. La tipografía no coincide y la firma no se parece en nada a la que utilizo desde hace años”, declaró en rueda de prensa en su ciudad. “En 54 años de ejercicio de la medicina nunca me había ocurrido algo así. Es una usurpación de identidad que no pienso dejar pasar”, dijo.

Claudio Lapetina, el otro médico, vivió idéntica situación. Ambos doctores trabajan en la exClínica General Paz de Pergamino, de donde consideran les robaron los sellos. Ese centro de salud privado cambió de dueños hace relativamente poco tiempo, y tendrían vinculación directa con la empresa Medicsys S.A, creada en agosto de 2024 y que funciona según el registro del Boletín Oficial, en un terreno baldío del barrio de Palermo, en CABA, tal como señalamos en nota anterior de Enclave.arg

Al frente de las auditorías en Misiones -que se replicaron de manera idéntica también en la ciudad de Trelew- estuvo Fernando Cejas, tal como él mismo argumentó en entrevista de “Misiones Online”. Cejas habría trabajado en el centro de salud pergaminense donde Peñaloza y Lapetina cumplen funciones y además, cargaría sobre sus hombros diversas causas judiciales por estafas y robos.

Cejas lideraba el grupo que, en representación de Medicsys, hacía y firmaba las auditorías con los sellos truchos. El alegre montón que terminó demorado en la comisaría local por agredir al periodista Ortiz, corresponsal de Crónica TV que descubrió la maniobra, estaba integrado por cinco chicas y chicos que no superan los veinticinco años, cuatro marplatenses y una misionera. Laura Baez, estudiante de economía, su hermano Andrés Baez, desocupado, Caín Iokich -actor y cantante-, Luciano Mangone -un empleado de restorán- y la misionera Guadalupe Guanes, también estudiante. Terminaron acusados de lesiones leves y agresiones, tal como registraron incluso las imágenes de televisión. De la partida también fue la pergaminense Brenda Rodríguez, que en su instagram subió fotos paseando por las Cataratas, en un hotel de lujo junto al río o subiendo al avión que transportó a la comitiva.

Ese era el nivel profesional de quienes debían auditar, bajo el rayo del sol y en una parroquia o un restorán, a las personas con discapacidad que llegaron de diversos pueblos de alrededor.

En Trelew, Leonardo Carbajo, el papá de un niño con discapacidad, denunció a los medios locales que fue víctima de la misma metodología de supervisión, por parte de las mismas personas, que también le firmaron certificados con las señas del doctor Leandro Peñaloza, y que se realizó en las instalaciones de un hotel.

Todos ellos respondían como empleados contratados por Medicsys S.A, la empresa subcontratada por ANDIS para la tarea, luego de haber despedido a más de seiscientos profesionales del organismo que podían cumplir la tarea de manera cabal, y utilizando los fondos de los créditos de BID y de CAF, que en total sumaron 565 millones de dólares, para fines totalmente ajenos a los justificados.

Como también dijimos en nota anterior de Data Clave, parte de los 265 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que debían ir para fomentar y aumentar las pensiones por invalidez y la calidad de vida de los pensionados, posiblemente se usaron para los dos viajes que Diego Spagnuolo hizo a Israel y para el paseo por Dubai con estadía de cinco días que hicieron doce personas de ANDIS acompañados por la legisladora Lucía Montenegro y la diputada Emilia Orozco.

Lo que sí está constatado que Diego Spagnuolo viajó a Israel para conocer a Eric Hecht, un hombre que padece una discapacidad severa producto de un accidente automovilístico, y que lidera Negitech, una firma dedicada a “soluciones tecnológicas para problemas de accesibilidad”, asociada a su vez a una empresa aún mayor, de origen estadounidense, dedicada a la construcción de rampas.

En abril de este año ANDIS organizó capacitaciones acerca de “accesibilidad universal” para los empleados que aún conservaban su puesto en la repartición y entre los cuales hay varios que podrían liderar esas jornadas de capacitación con eficiencia. Pero lejos de recurrir a su propio personal capacitado, contrató a Hecht para la tarea. El hombre, que ya venía haciendo lobby en diversos medios y sus mediadores, como Neura con Fantino y Brey o con Luis Majul en El Observador, llegó a la Argentina y viajó a Tucumán y San Luis para dar algunas charlas para un auditorio que nunca superó las cincuenta personas, aunque la propuesta era que fueran cuatrocientas.

Tal como relata el periodista Pablo Varela para Perfil, Hecht recurrió a empresarios amigos para poder facturar sus servicios, ya que no tiene inscripción en ARCA; por tal razón y por un monto de 177 millones, la empresa BE4 Advisors, de los hermanos Esperanza Beatriz y Sergio Berenstein, facturaron a ANDIS las charlas del israelí -de quien muchos sospechan que integraría los servicios de inteligencia de ese país y compartiría algunos negocios con Guillermo Yanco, el marido de la ministra Patricia Bullrich, sin que esto pueda ser corroborado de manera alguna-.

Sergio Berenstein salió a desmentir la información: dijo que ANDIS aún no les había pagado tal voluminosa cifra por tres charlas motivacionales; pero no desmintió que BE4 Advisors le pertenezca, ni que haya emitido las facturas que se hicieron públicas, aunque sostiene que es una “operación en su contra”.

¿Y los 565 millones de dólares en qué se invirtieron o dónde están?

El informe de evaluación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, más conocido como CAF, publicado en noviembre de 2024 y como seguimiento del préstamo de 300 millones de dólares para la creación de “Torres de Inclusión” hace referencia a la estadística propia de personas con discapacidad en Argentina, y provee datos que contradicen a los propios de ANDIS -que pidió el préstamo- cuando con la firma de Diego Spagnuolo y bajo el mote de “idiotas” e “imbéciles”, afirma que los discapacitados que requieren ayuda del Estado son no más de setenta mil, y que cifras superiores a ésa fueron impuestas falazmente por el “kircherismo”.

En el documento oficial de la entidad, se lee:

“De acuerdo con el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad en Argentina de 2018, el 10% de la población mayor de 6 años presentaba algún tipo de dificultad y 1 de cada 4 hogares tenía al menos una persona con discapacidad. Además, solo el 33% de las personas con discapacidad contaba con un certificado vigente, el cual se utiliza principalmente para acceder al pase libre de transporte y a la cobertura integral de medicación y salud. En 2021, el número total de personas con discapacidad certificadas ascendió a 1.493.225, de las cuales el 91% utilizaba su certificado vigente, lo que resalta la importancia práctica y funcional de este documento en el acceso a derechos esenciales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es responsable de la implementación de programas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a diversas herramientas proporcionadas por el Estado argentino, como las Pensiones No Contributivas por Invalidez, el Programa Federal de Salud *Incluir Salud*, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el Fondo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (FONADIS) y el Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel local, conocido como ACCESAR”

Por tal razón y luego de este aval al relevamiento estadístico, es que deciden destinar trescientos millones de dólares para la construcción de las Torres de Inclusión en doscientos municipios. Estos espacios estarían destinados a concentrar en un solo espacio todos los requerimientos de las PCD sin que tengan que deambular por prestaciones y servicios. De tal modo, en un mismo lugar se concentrarían los trámites -en oficinas de ANDIS, PAMI y ANSES, la logística y entrega de recursos, como pañales o remedios, y los sitios de control y seguimiento, como centros médicos y gimnasios de rehabilitación.

Tibiamente, en mayo de este año, la intendencia de Tucumán difundió el acuerdo con ANDIS para la construcción de la primera TDI, y en junio el Concejo Deliberante autorizó la construcción en terrenos del barrio “Campo Norte” de San Miguel, sin que aún se hayan hecho los cimientos. Mientras tanto, y de acuerdo al mismo informe de CAF, el Ministerio de Economía, administrador de los recursos, tiene en sus arcas el 98% del crédito otorgado sin que haya constancia alguna de en qué se usó, y que deberá devolverse a partir de 2027, cuando haya otro gobierno.

Como dato aparte, vale recordar que en el mismo encuentro en Santiago de Chile que CAF adjudicó los trescientos millones para ANDIS, también proveyó de 540 millones de dólares al gobierno argentino, con la administración del ministro de economía Luis Caputo, para la construcción de la reversión del gasoducto Norte, que llevará gas de Vaca Muerta a siete provincias, actualmente en etapa de construcción.

Los 265 millones del crédito del BID llegaron de manera escalonada, fueron administrados por el Ministerio de Economía y ANDIS debía dar cuenta del cumplimiento de cada objetivo para poder acceder a cada remesa. En el reporte de mayo de este año, el organismo que debe velar por el bienestar de las personas con discapacidad da un detalle exhaustivo de como invirtieron el dinero en el incremento de prestaciones de salud, de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, y de múltiples beneficios que, a la vista de las decisiones paralelas de Spagnuolo y sus fieles escuderos, no parecen ser reales.

Los informes de seguimiento los hace ANDIS, pero también una consultora contratada ad hoc: Becher y Asociados cuyo director, Raúl Alberto Genchi, rubricó confirmando que todos los objetivos por los cuales el BID había hecho el préstamo, estaban cumplidos. Estos eran, básicamente, reducir los niveles de exclusión social de las personas con discapacidad. Nada de esto tiene que ver, por caso, con las medidas implementadas: bajas de miles y miles de pensiones, recortes de medicamentos, y nula integración edilicia. Curiosamente, los dos últimos y completos se subieron el 18 de pensiones, recortes de medicamentos, y nula integración edilicia. Curiosamente, los dos últimos y completos se subieron el 18 de septiembre, cuando las denuncias contra ANDIS arreciaban.

Los informes completos pueden verse acá: 

Es claro, a la luz de los acontecimientos, que ninguno de los objetivos por los que se otorgaron los préstamos de CAF y BID se cumplieron, que los informes ante los organismos son falaces, que el dinero se usó en buena medida para charlas informales sobrevaluadas, y para la contratacion de Medicsys que, lejos de tener una política eficiente de inclusión, contrató a cinco pibes para que vayan por el país con sellos robados dando de baja pensiones.

Y volvemos a preguntar, si “plata no hay”, ¿Dónde están estos 565 millones que debían ir a los más vulnerables?