El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ex Corporación Andina de Fomento (CAF) concedieron créditos a la Agencia Nacional para la realización de obras y tareas tendientes a la “inclusión de las personas con discapacidad”. Pero lo comprometido jamás se cumplió. Charlas motivacionales, una empresa trucha e informes falaces para justificar las inversiones.

En el último año y medio, 600 profesionales, técnicos y especialistas fueron despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad sin justificación. Los que quedaron, tuvieron una sobrecarga laboral y muchos participaron de las bajas de pensiones al voleo.

Los despidos se justificaron a la prensa con el argumento de que tras algunas auditorías encontraron “ñoquis”, excusa que sirvió para arrasar con áreas enteras. Los despidos masivos se hicieron por tandas en febrero, marzo y abril de 2024 y luego por goteo hasta ahora. En total, se despidió al 40% del personal, que quedó reducido a 900 personas en todo el país.

Muchos de esos despedidos fueron quienes debían supervisar el otorgamiento y baja de pensiones, dar cursos de capacitación y hacer el seguimiento de obras de infraestructura; todos los motivos por los que se recibieron préstamos internacionales.

Préstamo del BID

El “Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (PcD)” tiene por objetivo reducir los niveles de exclusión social de las personas con discapacidad promoviendo el acceso efectivo a derechos, servicios y prestaciones básicas para las PCD y a su vez, fortalecer la capacidad de ANDIS como órgano rector en materia de discapacidad a partir de la transversalización de la perspectiva de la misma en el ámbito público y privado.

El monto total del Programa ascendía a doscientos sesenta y cinco millones de dólares (US$ 265.000.000), que serían financiados en su totalidad con recursos de financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluía un componente de US$ 255.000.000 bajo la modalidad de Préstamo Basado en Resultado (BPR) y otro componente de fortalecimiento institucional de la ANDIS por USD 10.000.000. 

El préstamo fue aprobado el 3 de mayo de 2023, como parte de un “Préstamo Basado en Resultados” (LBR, por sus siglas en inglés), por un monto total de USD 265 millones, destinado a promover la inclusión social de personas con discapacidad en todo el país. El contrato de préstamo (No. 5746/OC-AR) fue firmado el 8 de junio de 2023.

Según el decreto presidencial 296/2023 (del 5–6 de junio de 2023), se autorizó al Ministerio de Economía a suscribir dicho contrato en representación de la República Argentina, estableciéndose que ANDIS sería el organismo encargado de la ejecución integral del Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

El programa se aprobó formalmente en mayo de 2023, y quedó oficializado mediante la firma del contrato en junio de 2023. Desde entonces, los fondos comenzaron a gestionarse con un plan programado de desembolsos a tres años.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como organismo ejecutor, empieza a usar los fondos para comprar equipamiento, financiar programas de inclusión, capacitar personal, mejorar el acceso a servicios para personas con discapacidad, etc.

Tiene un monitoreo y seguimiento: el BID y el Estado argentino controlan que el dinero se use correctamente. Hay auditorías, informes técnicos, y visitas de supervisión. Se supervisan contrataciones de servicios, licitaciones de obras, adquisiciones, etc., siguiendo normas tanto nacionales como del BID.

Es un préstamo soberano otorgado por el BID a la República Argentina, no directamente a la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), aunque esta última es la encargada de ejecutar el programa. La deuda la asume el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, que firmó el contrato con el BID.

El gobierno debe reembolsar el capital prestado más los intereses, según un calendario acordado. El préstamo tiene un período de gracia (usualmente de 3 a 5 años), durante el cual solo se pagan intereses. Luego empieza el período de amortización, donde se devuelve el capital en cuotas periódicas (pueden ser semestrales o anuales). El plazo total suele ser de 15 a 25 años, dependiendo del acuerdo específico.

En la página de BID se encuentra el detalle del crédito y los archivos de justificación de inversiones.

El último reporte es de mayo de 2025 y dicen que ya ejecutaron 180 millones de los 265 adjudicados, y que fortalecieron el plan fortalecer salud, incrementando la cantidad de personas supervisadas y asistidas en todo el país.

Préstamo CAF

El “Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD)” tiene como objetivos específicos facilitar la construcción y equipamiento de Torres de Inclusión (TDI) en municipios, fortalecer la gestión local y el despliegue territorial de políticas públicas basadas en el modelo social de la discapacidad y promover el acceso efectivo a derechos de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

El monto total del Programa es de trescientos millones de dólares (US$ 300.000.000), que serían financiados en su totalidad con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Incluía un componente de US$ 285.450.000 bajo la modalidad de una operación de Préstamo de Enfoque Sectorial Amplio (Componente I: “Reconocimiento de Gastos”) mediante el cual se reconocerán gastos efectuados por ANDIS (PNC) en el período 2022 y otro componente para la ANDIS por un total de USD 14.550.000.

En mayo de 2025, dos años después de aprobado el préstamo, anunciaron la construcción de la primera TDI en Tucumán, que ni siquiera empezó a construirse, que reunirá en un mismo espacio servicios como salud, transporte, ANSES, Registro Civil y Junta de Discapacidad. La propuesta arquitectónica contempla no solo oficinas para trámites, sino también un edificio accesible con una plaza y un complejo deportivo inclusivos, pensados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Además, uno de los ejes centrales del proyecto será la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerado una herramienta fundamental para facilitar el acceso a derechos y avanzar hacia una inclusión social efectiva. El proyecto anunciado recién está en la etapa de diseño, y aparentemente se construiría en Campo Norte, al oeste de San Miguel de Tucumán.

Subcontrataciones escandalosas

De acuerdo con la investigación, el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo decidió ejecutar los fondos del empréstito de BID para la capacitación de los trabajadores del organismo. La primera contradicción surge porque ANDIS contrató un servicio a una consultora externa, para realizar funciones que son “intrínsecas” al organismo que de hecho tiene un área de accesibilidad. La Agencia ya brinda asesoramiento tanto para instituciones públicas como privadas, ya que asesora  establecimientos turísticos, gastronómicos (y de otros tipos) y dependencias públicas para obras de accesibilidad y abordaje de la temática.

Sin embargo, contrató a una empresa para “capacitación presencial de 500 (quinientas) personas en materia de accesibilidad en la Provincia de San Luis”, y la “capacitación presencial de todo el personal de la Agencia, incluyendo a los responsables jerárquicos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Hay otro convenio por servicios en la provincia de Tucumán para 400 personas.

Hay datos adicionales que tornan aún más llamativa la contratación. Las capacitaciones las brindó la empresa Negitech, cuyo titular es el ciudadano argentino-israelí Eric Necht, un hombre que quedó en silla de ruedas a partir de un accidente automovilístico cuando tenía 27 años. Las capacitaciones habrían sido “vivencias personales” contadas por Necht a partir de cómo desarrolla su vida en Israel. Lo hizo ante un público exiguo de personal de ANDIS en San Luis, en un salón del mismo organismo y ante no más de cien personas. Por ello cobró 167 millones de pesos.

Necht es además representante de una empresa internacional de construcción de rampas y adaptaciones edilicias para discapacitados motrices de gran peso político. Las contrataciones se realizaron sin licitación. La Andis emitió un informe el 14 de enero de este año en que se habla de “contratación directa de la firma consultora Negitech”, descartando de esa manera cualquier proceso licitatorio.

La contratación de Negitech suma aspectos adicionales. Al tratarse de una empresa israelí, necesitó un socio local para poder realizar la facturación de los servicios. La pata local es BE4 Advisors SRL, cuyos socios son el consultor Sergio Berensztein, y su hermana Esperanza Beatriz Berensztein. La empresa de los hermanos Berensztein fueron de hecho, los encargados de emitir las facturas tanto por $117.360.000, como por $ 55.000.000,00 por las charlas motivacionales que dio Necht.

Un dato adicional: Spagnuolo estuvo en Israel entre 26 de febrero del 2025 y el 7 de marzo de 2025. Viajó solo. Según contó él mismo en una entrevista, fue a estudiar sistemas de accesibilidad al país de medio oriente. A mediados de año una comitiva de funcionarios viajó a Israel para capacitarse. Entre ellos había legisladores libertarios como Lucía Montenegro, de la Ciudad. También la actual diputada María Emilia Orozco, quien es candidata a senadora nacional por Salta para las elecciones de octubre.

Entre los funcionarios viajeros se encontraba Romina Giselle Núñez, quien tenía a cargo la Subdirección Ejecutiva de la Andis. Núñez fue desplazada también luego del escándalo de los audios. Su desplazamiento se confirmó con el Decreto 601/2025 del 21 de agosto, cuyo objetivo principal era decretar la intervención del organismo. La comitiva que viajó a Israel tuvo un paso por Dubái y hasta hubo una foto conjunta que se replicó en redes y generó revuelo.

Más contrataciones turbias

La empresa Medicsys S.A. fue contratada para auditar pensiones no contributivas, el trabajo que debería hacer el personal de ANDIS que fue despedido. Esta empresa enfrenta denuncias por irregularidades, agresiones a la prensa y suspensión de operativos en lugares tan diversos como Misiones y Trelew, tal como pudo verse en el registro en tiempo real que hizo el Canal Crónica TV, cuando mostró cómo una empleada de esta empresa firmaba bajas de pensiones por invalidez con el sello de un médico que no estaba allí.

El epicentro del conflicto se dio en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo de Misiones, donde los controles fueron ejecutados por personal de MEDICSYS S.A., empresa privada que habría tercerizado el procedimiento. 

El escándalo fue de tal proporción que quedó resgistrado por el periodista Enrique Ortiz de Crónica, y fueron demoradas cinco personas integrantes de Medicsys: Luciano Mangone (Mar del Plata), Andrés Báez (Mar del Plata), Caín Iokich (La Plata), Guadalupe Luján Guanes Texeira (Posadas) y Laura Báez (Mar del Plata), pues tuvieron insultos y discusiones con autoridades locales, incluyendo al intendente de Aurora, Cali Goring.

Estas personas, que daban de baja pensiones por discapacidad y firmaban certificados con el sello de un médico, eran jóvenes que se dedicaban a otras cosas: un abogado, una estudiante de economía, un estudiante de música, un empleado de restorán.

El sello que usaban pertenecía a un médico de Pergamino, quien había denunciado el robo del mismo de su consultorio en una clínica local. Los dueños de esa clínica tendrían vinculación con Medicsys.

Medicsys fue creada en agosto de 2024 y se presenta como “prestadora de servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, auditorías, medicina legal y asesoramiento farmacéutico”. Los socios son Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi, dos aparentes prestanombres sin ninguna relación con la medicina ni las auditorías. La dirección de la empresa, Godoy Cruz 2543 de CABA, corresponde a un terreno baldío.

La suma de irregularidades que incluyen las coimas que el mismo Spagnuolo atribuye a Karina Milei, Lule Menem y la Droguería Suizo Argentina sumó un escalón más con la contratación de la empresa URBANO S.A para la distribución de pañales, tal como reveló Data Clave. Ahora, la subcontratación de empresas para fines que el mismo Andis debería cumplir, y el misterio de los 565millones de dólares que no se sabe dónde están. Demasiadas explicaciones que no están dándose por parte del gobierno de Javier Milei.