Acusado por la Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero, el empresario y financista de José Luis Espert continúa detenido en el país gracias a la indefinición de la Corte Suprema.
El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado, aportante a la campaña presidencial de José Luis Espert y acusado por la Justicia de Estados Unidos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, permanece detenido con prisión domiciliaria en una lujosa estancia ubicada a 16 kilómetros de Viedma. Aunque el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva avaló su extradición en 2022, el expediente se encuentra desde hace más de tres años en la Corte Suprema de Justicia sin resolución.
Machado, de 57 años, fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén a pedido de los tribunales del estado de Texas. En septiembre de ese año obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud y se instaló en la propiedad conocida como La Gringa, una chacra de diez hectáreas a la vera de la Ruta Provincial Nº1, en una zona despoblada entre la capital rionegrina y el balneario El Cóndor.
El predio cuenta con un acceso asfaltado que desemboca en un portón blanco y un camino arbolado que conduce a la vivienda principal, ubicada sobre la costa del río Negro. La residencia tiene más de cuatro habitaciones, amplios espacios parquizados y mantenimiento permanente a cargo de un jardinero. Según medios locales, la propiedad carece de custodia oficial o privada y solo está vigilada por cuatro perros.
Machado reside allí junto a su madre, María Esther Ciccarelli, designada por la Justicia como su “guardadora” legal. La resolución que dispuso su arresto domiciliario establece que el detenido no puede abandonar el domicilio sin autorización judicial, debe someterse a tratamiento psiquiátrico y cumplir con la rehabilitación de una lesión en la rodilla. Además, le prohíbe organizar reuniones, recibir visitas con antecedentes penales o consumir alcohol y estupefacientes.
Pese al aval judicial para su extradición, el expediente permanece desde mayo de 2022 en el máximo tribunal, donde acumuló más de tres años de demoras. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó en abril de 2023 que estaban dadas las condiciones para enviarlo a Estados Unidos, pero la Corte aún no se pronunció. Durante ese tiempo, el caso pasó por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz sin avances.
El abogado del empresario, es Francisco Oneto -también representante de Javier Milei y ex candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza-, presentó diversos planteos que dilataron el proceso. En noviembre de 2024, Oneto pidió que se consultara a la Justicia estadounidense por la situación de una de las imputadas, Kayleigh Moffet, cuya causa había sido parcialmente cerrada, lo que reactivó nuevos trámites entre la Corte y el juzgado de Neuquén.
