La campaña electoral de medio término demanda fondos y los organismos previsionales siempre son fuentes inagotables de recursos. Mientras “El Jefe” y sus socios impusieron a sus militantes en la conducción de ambos entes, el “alterado” asesor presidencial los mandó a auditar. Denuncias de corrupción en el control de la asistencia destinada a los más vulnerables. Una guerra que recién empieza.
El movimiento político que llegó como un torbellino para desmantelar a la “casta” y sus métodos corruptos, copió las mañas de los mismos que había criticado y se dedicó a hacer lo mismo de siempre: robar para la corona.
Las oficinas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se convirtieron en epicentros de acusaciones por desvío de fondos, extorsión a empleados y uso indebido de recursos públicos para financiar la campaña política de medio término de La Libertad Avanza.
Esta semana se anunció una auditoría interna encabezada por Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, figuras alineadas con el “alterado” estratega presidencial Santiago Caputo, que busca limpiar las delegaciones de PAMI, pero también sirve como arma en una guerra feroz contra el ala liderada por Karina Milei y el “Clan Menem”. Las acusaciones, que abarcan nueve provincias, revelan un patrón inquietante y plantean preguntas sobre si el gobierno puede cumplir su promesa de transparencia.

Acomodos y diezmos
Las denuncias comenzaron a finales de 2024 y se intensificaron en 2025, cuando funcionarios de PAMI y ANSES en al menos nueve provincias expusieron un esquema repetitivo: referentes de LLA exigían entre el 10% y el 25% de los sueldos de empleados designados políticamente, supuestamente para financiar actividades partidarias.
En Misiones, Adrián Nuñez, presidente provincial de LLA y protegido de Karina, fue acusado por 22 funcionarios de orquestar un sistema de “diezmos” que canalizaba fondos a cuentas personales, como la de Cristian Sanabria Britez, un joven líder de la Juventud Libertaria que recibió transferencias de hasta 260.000 pesos.
Chats filtrados, revelados por el periodista Manu Jove en X, muestran a Mario Pérez Miranda, aliado de Nuñez, coordinando depósitos con mensajes como “están avisados”. Nelli Guerrero, titular de ANSES en Eldorado, y Samantha Steckler, directora de PAMI en Posadas, también fueron señaladas por participar en el esquema. El objetivo, según las denuncias, era financiar la campaña de LLA para las elecciones provinciales de junio de 2025.

En Santa Cruz, Jairo Guzmán, presidente de LLA y director provincial de PAMI, enfrentó acusaciones de Sergio Torres, jefe de PAMI en Caleta Olivia, quien lo denunció por exigir aportes de hasta el 25% a una médica auditora. Torres, destituido tras hacer pública la acusación, describió el sistema como extorsivo y otras fuentes lo definieron como una red de “coimas” protegida por Karina Milei.
En La Pampa, Victoria Rambud, apoderada de LLA, acusó a Julio Jamad, vocal del partido, de recolectar porcentajes de sueldos de empleados de PAMI en su cuenta personal. Luciano Ortiz, jefe de PAMI, y Nicolás Boschi, titular de ANSES con antecedentes penales, también fueron cuestionados por designaciones políticas que reflejaban el control de El Jefe.
El conurbano bonaerense se convirtió en otro foco de escándalo. En Avellaneda, Arnaldo “Peppo” Díaz, presidente del bloque de concejales de LLA, fue captado en una cámara oculta, presuntamente grabada por un colega libertario, comentando que le llegarían aportes de PAMI y ANSES para campañas.

El video que difundió el programa “Argenzuela” desató una crisis local, con Cristian Frattini, un referente ligado a barras bravas, pidiendo la expulsión de Díaz, aunque él mismo fue cuestionado por prácticas similares. Pascual Sanseverino, director de la UGL de PAMI, y Julián “Jaimito” Laham, operador de Díaz, consolidaron el control del organismo, mientras Martín Irrazabal, exdirector de PAMI, fue destituido por negarse al esquema.
En Junín, Alberto Pascual, titular de PAMI y coordinador de LLA, fue removido tras un conflicto con la influencer libertaria Marina Biagetti, que responde a Santiago Caputo. La mujer que milita en “Las Fuerzas del Cielo”, reclamó la intervención del “Gordo Dan” para dirimir el asunto y éste, a su vez, hizo público el pedido del asesor estrella con pocas pulgas.

Pascual -que respondía al armador Sebastián Pareja, del núcleo duro de Karina Milei- fue despedido en cuestión de horas, evidenciando el uso de cargos para dirimir disputas internas. En Escobar, San Martín, Lomas, Avellaneda y Quilmes, operativos de PAMI y ANSES exhibieron banners de candidatos libertarios, como Eduardo Luis Gianfrancesco en Escobar, en una maniobra electoral descarada.
En Córdoba, Federico Montes, exdelegado de PAMI en San Francisco, renunció tras ser imputado por estafas, mientras Marcos Patiño Brizuela, director ejecutivo de PAMI y apoderado de LLA, fue señalado por intentar derivar afiliados a un sanatorio ligado a Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados.
En Jujuy, Manuel Quintar, diputado de LLA, fue denunciado por enviar afiliados de PAMI a su clínica privada, Los Lapachos, con Evaristo Bautisto, administrador de la clínica, designado al frente de la UGL local. En Santa Fe, delegaciones de PAMI fueron copadas por candidatos libertarios, y en Chaco, balances documentaron pérdidas de hasta 100,000 pesos mensuales por empleado, según La Política Online.

En Mendoza, desde abril de 2024, las cajas de PAMI y ANSES se repartieron, cargo a cargo y región por región, entre los militantes de Luis Petri y los cercanos a la diputada Lourdes Arrieta.
La filtración de una serie de chats entre la legisladora y el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia Diego Vartabedian, dejan muy en claro que las decisiones últimas de los aspirantes a funcionarios propuestos por los dos mendocinos -uno ministro, otra diputada- eran de Lule Menem, que definía a qué organismo y de qué localidad iba a ir cada candidato a un puesto en el Estado.





Como se aprecia en las conversaciones -a las Enclave-Arg .online accedió en exclusiva- la diputada, por caso, insistió con que su hermano era el más idóneo para liderar RENAPER, algo que finalmente no logró. Arrieta cargaba, por entonces, con denuncias por también afiliar personas muertas al partido, para lograr el sello partidario en la provincia, algo que también celebran en esa serie de chats.
Auditoría: ¿transparencia o arma política?
El 30 de abril de 2025, PAMI anunció una auditoría interna liderada por Esteban Leguizamo, director ejecutivo y Carlos Zamparolo, subdirector, para investigar compras sin licitación, contrataciones irregulares y desvíos de fondos en todas las delegaciones.
Presentada como un esfuerzo por transparentar un organismo históricamente opaco, la auditoría respondió a la avalancha de denuncias, pero su trasfondo político es innegable. La investigación sería un movimiento orquestado por Santiago Caputo que pretende desmantelar el control de Karina y los Menem sobre PAMI y ANSES.
Caputo, arquitecto de la estrategia electoral de Milei, enfrenta a Karina, secretaria general de la Presidencia, y a Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional, en una batalla por el alma de LLA. Karina y Lule, junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quienes diseñaron el esquema de reparto de delegaciones que posicionó a referentes propios como Amado Omar Menem en PAMI La Rioja.

Este control permitió recaudar fondos y designar militantes, pero generó acusaciones de prácticas que contradicen el discurso “anticasta” de LLA.
La auditoría apunta a exponer irregularidades en delegaciones controladas por los Menem, como Jujuy (Quintar) y Misiones (Nuñez), mientras Caputo busca alinear a LLA con aliados como el PRO. Además Caputo acusa a los Menem de bloquear acuerdos y priorizar intereses personales. La destitución de Alberto Pascual en Junín, tras un conflicto con una militante de Caputo, y la cámara oculta de Díaz en Avellaneda, grabada por un libertario disidente, marcaron puntos de inflexión porque mostraron directamente el accionar cuasi mafioso de los actores.
Las redes sociales no son ajenas al asunto, cada sector -sobre todo el de Caputo- tiene su propio call center de influencers, trolls y bots que alimentan rumores y denuncias.
Leguizamo y Zamparolo ¿están limpios?
La auditoría está encabezada por Leguizamo, un médico con 18 años en PAMI y Carlos Zamparolo, un técnico de perfil bajo. Ambos fueron designados en diciembre de 2023 mediante decretos firmados por Milei y recomendados por Mario Lugones, padre de Rodrigo Lugones, mentor de Caputo. Sin embargo, la idoneidad de Leguizamo está bajo escrutinio, ya que su pasado lo coloca en una posición contradictoria.
Leguizamo, respaldado por Graciela Ocaña, exministra de Salud, ocupó cargos en PAMI desde 2005, que incluyeron la dirección de la UGL VI en Buenos Aires durante la gestión de Luana Volnovich (2019-2023). En 2022, fue indagado por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto desvío de fondos a centros de jubilados ligados a La Cámpora, pero la causa fue archivada, y Leguizamo fue sobreseído.

Ahora, como director ejecutivo de PAMI, lidera una investigación sobre prácticas similares a las que enfrentó, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. En Jujuy, por ejemplo, fue denunciado por permitir que Bautisto, administrador de la clínica de Quintar, dirigiera la UGL de PAMI, facilitando el desvío de afiliados, tal como expusimos en Enclave-Arg.online.
Zamparolo, designado subdirector ejecutivo en 2023, tiene un historial menos documentado. Su experiencia en gestión de organismos públicos lo posiciona como un aliado técnico de Leguizamo, sin denuncias directas en su contra. Su rol en la auditoría es secundario, pero refuerza la alineación con Caputo.
Las denuncias de corrupción en PAMI y ANSES representan una amenaza existencial para el gobierno de Milei, cuya narrativa de ruptura con la “casta” se ve socavada por prácticas que recuerdan a la política tradicional. La auditoría de Leguizamo y Zamparolo, aunque presentada como un esfuerzo de transparencia, está marcada por la interna entre Caputo y el ala de Karina Milei/Lule Menem, que amenaza con fracturar a LLA.