El presidente Javier Milei que prometió austeridad, ahora gasta millones en saber por qué la gente no lo quiere.

En un nuevo capítulo de derroche y manipulación, el Gobierno de Javier Milei admitió haber destinado más de 117 millones de pesos en apenas 2 meses para apuntalar su imagen pública.

Según reveló el portal Letra P, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia firmaron millonarios contratos con al menos 15 consultoras para realizar encuestas telefónicas, presenciales y focus groups, todo con el único fin de medir “el humor social” y ajustar mensajes de cara a la feroz contienda electoral de 2025.

Mientras la inflación devora los ingresos de los argentinos y servicios básicos como la salud y la educación se caen a pedazos, el Gobierno liberal más libertario de la historia decide meter la mano en tu bolsillo para comprar “buenas noticias”.

El gasto contrasta con el recorte presupuestario aplicado en hospitales y escuelas, y con la reciente suba de tarifas que castiga el bolsillo de los hogares más humildes.

Entre los beneficiarios de estos jugosos contratos figuran empresas vinculadas a exfuncionarios y asesores estrella del macrismo, levantando sospechas de sobreprecios y clientelismo encubierto.

Se habla de cifras que oscilan entre los 3 y los 12 millones de pesos por estudio, con algunos proyectos cotizados en hasta 20 millones, cifras impensadas para una consultoría de “opinión pública”.

Los analistas internos del presidente buscan diagnosticar por qué el discurso extremo y el “shock” económico no terminan de caer bien en todos los segmentos sociales.

Con estas encuestas, el equipo de Milei pretende dosificar sus medidas de ajuste y calibrar el discurso anti-élite para no espantar demasiado a la franja media, clave en las urnas.

A pesar de las promesas de “Gobierno austero” y “cero clientelismo”, los sobres millonarios fluyen hacia consultoras de dudosa trayectoria. Organizaciones de control ciudadano ya elevaron pedidos de informes para conocer los pliegos de licitación, los criterios de adjudicación y los resultados completos de estos estudios.

En tanto, la Casa Rosada guarda silencio sobre los detalles, evitando mostrar que, bajo la fachada de la “revolución liberal”, late un costoso engranaje de marketing político.