Un nuevo capítulo judicial sacude la política local de Bragado. En el marco del amparo iniciado por Valeria Acosta y otro vecino contra el Honorable Concejo Deliberante (HCD), el organismo legislativo, representado por su presidente Germán Marini, presentó esta semana una contestación al traslado ordenado por el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Mercedes.

En la política argentina, algunos episodios parecen réplicas de un guion ya conocido. El escándalo del “diputrucho” de 1991, cuando Víctor Eduardo Bayón usurpó una banca en la Cámara de Diputados para asegurar la privatización de Gas del Estado, manipulando el quórum y pisoteando las reglas democráticas, encuentra un perturbador reflejo en los hechos en el Honorable Concejo Deliberante de Bragado, el 3 de abril de 2025. Allí, la designación irregular de Maximiliano Moragas como concejal, cuarto en la lista de La Libertad Avanza, en reemplazo de un pedido de licencia de una concejal del mismo partido

En detrimento de Sabrina Gulino tercera en la boleta, destapa una maniobra meticulosamente orquestada que no solo vulnera derechos legítimos, sino que pone en evidencia la fragilidad institucional cuando los intereses políticos se anteponen a la ley.
El caso de 1991 fue un símbolo de cómo el oficialismo menemista torció las normas para imponer su agenda. En Bragado, la denuncia de Sabrina Gulino apunta a una estrategia similar: evitar que ella, tercera en la lista de suplentes de La Libertad Avanza (LLA) y con prioridad legal según el Artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, asumiera la banca durante la licencia de Daniela Guillermina Monzón. ¿El motivo? Gulino, presuntamente es crítica y no votaría un convenio entre la Municipalidad de Bragado con la Universidad Metropolitana.

Para la Educación y el Trabajo (UMET), vinculada al peronismo y al sindicalista Víctor Santa María. Con su voto se hubiese rechazado el proyecto de Ordenanza 9 a 8 votos, fortaleciendo a la oposición. En cambio, al colocar a Moragas, cuarto en la lista, se garantizó un empate en la votación, dejando el desempate en manos de Germán Marini, presidente del Concejo Deliberante, cuya legitimidad está cuestionada tras el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín que anuló su designación —fallo que, mediante maniobras dilatorias y dos recursos extraordinarios a presentarse el 8 de abril de 2025, aún no se ejecuta.

La maniobra para excluir a Gulino fue deliberada y sistemática. Daniela Monzón, primera concejal de LLA, avisó de su ausencia con una licencia de dos días, un plazo tan breve que resulta sospechoso en la práctica legislativa local. Sin embargo, el Concejo, presidido por Marini, omitió notificar formalmente a Gulino, pese a que su participación activa en un grupo de WhatsApp del cuerpo —donde se comparten expedientes y se coordina la actividad legislativa

demuestra que las autoridades tenían pleno conocimiento de su disponibilidad y medios de contacto. Esta omisión no fue un descuido: Gulino había asumido previamente como suplente durante una licencia de doce días, y recibió el pago los gastos de representación correspondientes, lo que acredita que el Concejo sabía cómo y dónde ubicarla. Al no recibir notificación alguna —ni por canales oficiales ni por el grupo de WhatsApp—, se le impidió ejercer su derecho, mientras Moragas ocupó su lugar y participó en la sesión del 3 de abril, aprobando el convenio con la UMET y otros dos proyectos que el mismo presentó. Monzón, al ser consultada por Gulino, justificó la irregularidad alegando que “la licencia era solo por un día”, una excusa que contradice la duración real de dos días y que, en todo caso, no exime del deber legal de respetar el orden de prelación.

Esta jugada, según la denuncia penal que presentará en los próximos dias, habría sido ideada y ejecutada por German Marini y Darío Duretti, ambos del mismo espacio político peronista, en presunta complicidad con Monzón de LLA. El objetivo era claro: con Moragas en la banca, se aseguraba un empate que Marini, aún en funciones pese a su cuestionada legitimidad, podía desempatar a favor del convenio con la UMET, un proyecto que podría beneficiar intereses políticos afines al peronismo local. La brevedad de la licencia de Monzón, la falta de notificación a Gulino y la rápida asunción de Moragas apuntan a una coreografía destinada a sortear la oposición y consolidar un resultado predeterminado.

La gravedad institucional de este caso trasciende el ámbito municipal: no respetar las leyes y priorizar intereses políticos sobre la legalidad representa una afrenta directa a los principios democráticos. En 1991, el “diputrucho” fue un golpe a la credibilidad del Congreso Nacional; en Bragado, la exclusión de Gulino y la imposición de Moragas erosionan la confianza en el Concejo Deliberante como espacio representativo. Mientras el menemismo manipuló el quórum para una privatización clave, aquí se manipuló la designación de suplentes para un convenio con la UMET, reflejando una lógica idéntica: el fin justifica los medios. La diferencia está en la escala, pero no en la esencia. Además, la permanencia de Marini, sostenida por recursos legales que dilatan el cumplimiento del fallo judicial, agrava el cuadro, mostrando cómo las instituciones pueden ser rehén de estrategias que burlan la justicia.

El caso de Bragado no es solo un conflicto interno de LLA o una disputa por una banca: es un síntoma de cómo las prácticas del pasado, simbolizadas por el “diputrucho”, persisten en el presente. La connivencia entre sectores del peronismo (Duretti y Marini) y una concejal de LLA (Monzón) sugiere un pragmatismo político que desdibuja las fronteras ideológicas en pos de objetivos puntuales. Como en 1991, la maniobra pudo haber alcanzado su meta inmediata —el convenio aprobado—, pero deja una herida abierta: cuando las leyes se doblegan a los intereses políticos, lo que se pierde es la legitimidad de las instituciones y, con ella, la fe en la democracia misma.

¿Hasta dónde llegarán las maniobras políticas para imponer intereses por encima de la ley?

¿Qué medidas tomará la justicia ante la denuncia de Gulino y la cuestionada legitimidad de Marini?

¿Es el caso Bragado un reflejo de una crisis institucional más profunda en Argentina?