Gregorio Dalbón y otros abogados impulsan en Nueva York investigaciones por la criptoestafa. El FBI y el Departamento de Justicia ya intervienen para congelar activos y garantizar una posible reparación a las víctimas.

La causa que investiga el entramado financiero detrás de la criptomoneda $Libra sumó esta semana un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. El abogado Gregorio Dalbón, junto a otros letrados argentinos y norteamericanos, está en pleno proceso para activar mecanismos legales para congelar activos de Javier Milei, de su familia y de sus posibles socios, en el marco de una acción civil colectiva por presunto fraude financiero. El punto más delicado: la responsabilidad del Estado argentino, ya que el actual mandatario habría utilizado su cargo institucional para legitimar el esquema.

Dalbón ya mantuvo reuniones en Nueva York con varios bufetes de abogados y presentó documentación clave de la causa, incluido el video del periodista Jonatan Viale, al que se le da valor de confesión judicial. Según fuentes cercanas al equipo legal, “ese material muestra cómo Milei intentó desligarse ex-post de su participación, algo que en EE.UU. se considera autoincriminante”. También se incorporó un fragmento de una entrevista televisiva con Luis Majul, donde Milei expresa su arrepentimiento en relación con la operación, algo que los investigadores ya estudian.

La ofensiva legal cuenta con el respaldo de agencias federales de peso. Están involucrados el Departamento de Justicia, la División de Fraude, el Departamento del Tesoro, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Todas esas áreas ya están trabajando para lograr la trazabilidad de los fondos y congelar bienes antes de que sean transferidos o liquidados por los involucrados. 

De acuerdo a lo que pudo conocer Enclave-arg.online, hay al menos dos estudios jurídicos con sede en Manhattan interesados ​​en representar a las víctimas estadounidenses que cayeron en la trampa de la cripto $Libra. Varios de ellos ya recibieron “archivos de la causa y los videos que muestran cómo se armó el ardid desde Argentina con apoyo mediático y político”. La estrategia es avanzar con una demanda colectiva que, en última instancia, podría recaer sobre el Estado argentino como responsable patrimonial.

El escenario es delicado. Al haber usado su calidad de Presidente de la Nación, Milei podría haberse comprometido jurídicamente a la Argentina. “Quién va a pagar esta estafa: vos, yo y todos los argentinos”, alertó una fuente con acceso directo a la causa. El planteo es claro, si Milei avaló, por acción u omisión, una maniobra financiera fraudulenta, y usó su investidura para promoverla o protegerla, las consecuencias legales pueden derivar en un juicio millonario contra el país.

En simultáneo, la investigación también apunta a la posible disolución o transferencia de bienes, cuentas y sociedades vinculadas a la operación. “Los que la armaron la siguen moviendo”, señalan, y remarcan que ya se detectan maniobras de liquidación de activos por parte de varios implicados. Esto aceleró los pedidos de congelamiento preventivo y el trabajo conjunto con organismos de control financiero estadounidenses.

El objetivo es que el expediente avance en territorio norteamericano con sustento documental sólido y representación adecuada de las víctimas extranjeras. Por ahora, la investigación avanza en silencio pero con pasos firmes. Las agencias norteamericanas buscan trazar el recorrido del dinero digital, identificar a los beneficiarios reales y aplicar embargos preventivos. La estrategia legal apuesta a sostener que el uso del cargo presidencial para promocionar o amparar el fraude convierte al Estado argentino en posible garantía de la estafa.