Denuncia realizada ante la Justicia contra Mauricio Macri, Javier Milei y su hermana Karina.
El periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia penal contra Mauricio Macri, Javier Milei, Karina Milei, Fabián Doman y otros dirigentes por presuntos delitos de encubrimiento agravado, lavado de activos, asociación ilícita, defraudación al Estado y administración fraudulenta.
La presentación sostiene que existió un entramado de corrupción institucional y una presunta mafia organizada compuesta por políticos, empresarios, medios y funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
Según la denuncia, en octubre de 2023, tras la primera vuelta presidencial, Mauricio Macri habría ofrecido 15 millones de dólares a Javier Milei para que desistiera de competir en el ballotage.
La acusación señala que Milei rechazó la propuesta porque ya contaba con una oferta mayor, cercana a los 45 millones de dólares, proveniente de empresarios vinculados a la obra pública.
Estos aportes, de confirmarse, estarían en abierta violación a la Ley 26.215 de financiamiento de partidos, que prohíbe donaciones de empresas concesionarias, personas jurídicas y Estados extranjeros.
El documento hace referencia además al testimonio público del periodista y ex agente de la SIDE Fabián Doman, quien en un programa transmitido por streaming aseguró tener conocimiento directo de las negociaciones, en presencia de Alejandro Fantino, Jorge Rial y Viviana Canosa.
La denuncia remarca que ninguno de los presentes llevó esos hechos a la justicia, lo que podría configurar encubrimiento. Míguez solicita que se convoque a los mencionados a declarar, se les dicte procesamiento y, eventualmente, se eleve la causa a juicio oral.
El denunciante advirtió también sobre posibles represalias en su contra y pidió medidas de protección personal, además de solicitar el bloqueo de las CUIT de los implicados y sus empresas para garantizar la transparencia del proceso.
La acusación concluye que los hechos relatados comprometen seriamente la legitimidad de la elección presidencial de 2023 y configuran un esquema de corrupción estructural que, de no ser investigado, profundizaría la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
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