Lo que ocurre desnuda un escenario de graves irregularidades dentro de la Policía provincial.
La crisis institucional en la Policía de Santa Cruz suma un nuevo capítulo. En las últimas semanas, al menos 20 suboficiales —todas mujeres— fueron apartadas de la fuerza tras presentar certificados médicos que acreditaban problemas de salud psicológica derivados, según denuncian, de situaciones de persecución laboral, abuso de poder e incluso intentos de acoso sexual por parte de la propia jefatura policial.
Denuncias contra la cúpula
Las uniformadas apuntan directamente contra el ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, y los jefes policiales Agüero y Bordón, a quienes acusan de encabezar una maniobra de expulsión arbitraria.
Según los testimonios, las carpetas médicas habían sido avaladas por juntas de profesionales, pero aun así las autoridades resolvieron darles de baja, reducirles drásticamente el salario —en algunos casos al 30 por ciento— o directamente dejarlas sin efecto en sus cargos.
Las mujeres aseguran que detrás de la medida existe una estrategia de disciplinamiento: “Por pensar distinto o por denunciar irregularidades dentro de la fuerza, nos persiguen”, señalaron.
Causas judiciales y pruebas
Las damnificadas llevaron la situación a la Justicia provincial, donde presentaron escritos, audios de WhatsApp y otras pruebas que comprometen a los mandos superiores.
Sin embargo, denuncian que las causas permanecen “trabadas” en los tribunales locales, ya que no existen instancias federales que puedan intervenir de manera independiente.
El trasfondo político también está en la mira: aseguran que existe connivencia entre el Ministerio de Seguridad, la jefatura policial y el propio gobernador de Santa Cruz.
Otros casos de hostigamiento
Las irregularidades no se limitan a las suboficiales. También trascendió la situación del comisario Quipildor, quien denunció prácticas abusivas y persecución dentro del sistema policial. Actualmente, tanto él como las suboficiales que se animaron a exponer lo que ocurre aseguran ser víctimas de amenazas por parte de la propia policía interna.
Un contraste político
Las denunciantes remarcan la doble vara con la que actúa el poder político. Mientras ellas fueron despedidas por presentar certificados médicos justificados, apuntan al caso de un concejal del espacio gobernante en la localidad de 28 de Noviembre, quien lleva un año y medio sin presentarse a trabajar alegando problemas de salud, sin que se le aplicara sanción alguna.
Un sistema bajo sospecha
Lo que ocurre desnuda un escenario de graves irregularidades dentro de la Policía provincial: denuncias de acoso y persecución laboral, medidas arbitrarias contra suboficiales y un accionar que, lejos de ser investigado, estaría siendo protegido por las más altas autoridades.
Las trabajadoras insisten en que sus voces no sean silenciadas y reclaman la intervención urgente de la Justicia para frenar lo que califican como una persecución sistemática
