El asesor prescindencial y “arquitecto” de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Caputo.
Denuncias por presuntos sobreprecios en compras del PAMI pusieron en el centro de la escena a funcionarios y asesores vinculados a la actual gestión sanitaria, y elevan la tensión política alrededor de la obra social de los jubilados.
En la última semana se multiplicaron los cuestionamientos tras la difusión de montos millonarios por licitaciones clave (entre ellas la provisión de lentes intraoculares y pañales para adultos) y la apertura de una investigación preliminar en la fiscalía especializada en PAMI.
La polémica comenzó a tomar volumen cuando gremios y profesionales del sector denunciaron que el PAMI adjudicó compras por cifras muy superiores a las habituales.
Por ejemplo, una licitación de lentes intraoculares adjudicada en agosto de 2025 por un total cercano a los 80.730 millones de pesos incluyó insumos cuyo precio de mercado rondaba cifras muy inferiores: se señaló que lentes que normalmente cotizan en torno a los 35 mil llegaron a aparecer facturados entre 150 mil y 230 mil en algunos lotes, según denuncias gremiales.
En paralelo, otra contratación masiva para el suministro de pañales (por la que se habló de montos de gran magnitud) alimentó las sospechas sobre el nuevo esquema de compras centralizadas del organismo.
El sindicato ATE fue uno de los más beligerantes: en sus presentaciones públicas advirtió de “sobreprecios de hasta 500 por ciento” y cuestionó además la calidad de algunos insumos.
ATE sostuvo que los afiliados sufrieron demoras, problemas de stock y la entrega de productos que, a su juicio, no cumplían con los estándares esperables, y anunció que evaluaba presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal.
Judicialmente, la fiscalía especializada (a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo) abrió una investigación preliminar de oficio para intentar esclarecer las contrataciones y los montos involucrados.
Hasta el momento no hay imputaciones formales que apunten directamente a los ministros o asesores mencionados; sin embargo, fuentes judiciales y gremiales confirman que la causa empezó a moverse y que los pasos siguientes podrían incluir pedidos de documentación, testimonios y, eventualmente, citaciones.
En el ojo público aparecieron dos nombres que concentran la atención: Santiago Caputo (asesor cercano al gobierno y figura de La Libertad Avanza) y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Caputo no ocupa un cargo formal dentro del PAMI, pero la prensa y sectores críticos lo señalaron como un actor influyente en el armado de decisiones y en el vínculo con proveedores.
En investigaciones periodísticas se mencionó además la figura de Guido Giana, un dirigente con llegada al área de salud que habría actuado como operador en algunas contrataciones.
Por su parte, Lugones, como titular de la cartera de Salud, queda señalado por la responsabilidad política de supervisar organismos dependientes, entre ellos el PAMI.
Desde el PAMI y el Ministerio de Salud salieron a rechazar las acusaciones. En comunicados oficiales el organismo afirmó que “PAMI no paga de más” y defendió la política de compras centralizadas como una herramienta para bajar costos mediante el volumen y garantizar trazabilidad y abastecimiento.
El ministerio sostuvo que los ajustes de precio buscan corregir distorsiones históricas del sistema y mejorar la provisión a lo largo del país. Funcionarios subrayaron, además, que existen comparativos que muestran costos superiores en otros ámbitos (sector privado o expedientes judiciales) para prácticas similares.
No es la primera vez que Caputo aparece en causas vinculadas al PAMI: denuncias y presentaciones anteriores habían apuntado a supuestas maniobras de sobreprecio en contratos como alquileres u otras contrataciones administrativas, con acusaciones que incluyeron términos como “administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles”.
En esas causas, abogados y denunciantes hablaron de posibles delitos que, de probarse, podrían derivar en imputaciones por malversación, cohecho o incluso asociación ilícita.
En el caso que hoy motiva la atención mediática (lentes y pañales) las figuras legales a considerar serían las mismas si las pericias y la investigación acreditan irregularidades.
Fuentes judiciales consultadas señalan que el tránsito desde la denuncia pública hasta una imputación formal suele requerir pruebas documentales contundentes: contratos, órdenes de compra, actas de adjudicación, comparativos de precios y el rastro bancario de los pagos.
En ese marco, la fiscalía ya solicitó documentación y está analizando si los elementos recabados alcanzan para avanzar con medidas procesales.
Políticamente, la apertura de la causa complica a los involucrados: aunque no haya, por ahora, cargos penales concretos contra Lugones, la exposición puede traducirse en demandas de informes en el Congreso y en presión mediática que obligue a explicaciones públicas más profundas.
La oposición y legisladores de distintos bloques pidieron informes y la citación de autoridades del PAMI y del Ministerio de Salud para dar explicaciones en comisiones.
En tanto, organizaciones de jubilados y gremios mantienen la alerta y reclamaron a la Justicia que actúe con celeridad para evitar perjuicios mayores a afiliados y al patrimonio del Estado.
Por ahora, el expediente queda en manos de la investigación preliminar: de comprobarse sobreprecios sistemáticos, la causa podría ramificarse hacia imputaciones formales y responsabilidades administrativas y penales.
Si, por el contrario, las pericias acreditan que los precios responden a acuerdos de mercado, ajustes por volumen u otras razones técnicas, la controversia podría cerrarse con una explicación técnica y cambios en los mecanismos de compra.
Mientras la fiscalía reúne información y los actores políticos se defienden en la arena pública, millones de afiliados observan con preocupación el curso del conflicto: la combinación de cifras millonarias, la sensible población afectada (adultos mayores) y los vínculos entre poder político y contratistas dejan al descubierto la fragilidad del sistema de compras públicas y la necesidad de transparencia en un organismo clave para la seguridad social argentina.
