El documento judicial sostiene que la campaña pagó a miles de fiscales y que parte del dinero terminó en “comisiones” a los organizadores

Una denuncia penal presentada ante la Cámara Federal por el periodista Fernando Miguéz y su abogada, la doctora Marcela Scotti, pone en el centro de la escena la financiación del operativo de fiscalización de La Libertad Avanza (LLA) en la elección provincial del 7 de septiembre de 2025.

En el escrito se acusa a Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja y otros por presuntos delitos que van desde malversación de fondos públicos hasta lavado de dinero y asociación ilícita.

Los hechos que denuncia el expediente

Según la presentación, el esquema operacional a cargo del referente Sebastián Pareja habilitó alrededor de 7 mil mesas en la provincia y desplegó decenas de miles de fiscales para cubrir la votación.

El documento sostiene que, a diferencia de otras fuerzas que se apoyan en militancia voluntaria, LLA habría recurrido mayoritariamente a militantes rentados para esa jornada electoral.

La denuncia también afirma que los fondos destinados a pagar a esos fiscales tendrían un origen dudoso y pide investigar si se utilizaron recursos públicos o recursos de procedencia ilícita para cubrir la logística de la campaña.

Entre las calificaciones penales propuestas figuran malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, fraude en la administración pública, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita.

Las cifras

El documento señala la presencia de decenas de miles de fiscales. Usted aportó un dato concreto: 45.717 fiscales y afirmó que a cada uno se le pagaron 70 mil pesos, de los cuales 20 mil habrían sido retenidos como “comisión” por parte de los organizadores.

Tomando ese número, las cuentas arrojan:

• Pago bruto total a fiscales: 45.717 × 70 mil pesos = 3.200.190.000.
• Comisión retenida (si efectivamente se descontaron 20 mil pesos por fiscal): 45.717 × 20 mil = 914.340.000.
• Importe neto recibido por cada fiscal tras la supuesta retención: 50 mil pesos.
• Total neto efectivo destinado a los fiscales (descontadas las comisiones): 45.717 × 50 mil pesos = 2.285.850.000.

En el propio texto de la denuncia figura una cifra muy próxima (45.714 fiscales) y un cálculo del pago total sobre esa base; sin embargo, la suma varía levemente según la cantidad exacta de fiscales que se tome como referencia.

Qué pide la denuncia

El autor solicita una investigación exhaustiva sobre el origen y destino de los fondos, la intervención judicial (incluido el pedido de oficios a distintos organismos y la posibilidad de embargos sobre bienes y cuentas corrientes) y la imputación de los responsables si se confirman indicios de ilícitos.

También se solicita la colaboración de otros órganos judiciales y administrativos para obtener documentación y evitar la destrucción de pruebas.

Alcance político y judicial

La denuncia involucra a referentes de LLA y plantea la hipótesis de un mecanismo en el que parte significativa del dinero destinado a la fiscalización electoral no habría llegado íntegramente a los militantes sino que habría sido recortada por la estructura organizativa

Si los hechos denunciados resultaran verificados en la investigación judicial podrían derivar en imputaciones por delitos federales complejos (incluido lavado de dinero) y medidas cautelares sobre los bienes de los investigados.

Estado de la causa y reclamo público

En el texto presentado ante la Cámara Federal, Miguéz y su letrada señalan la necesidad de que la justicia actúe “con celeridad” y tomen medidas para preservar documentación financiera y detectar movimientos de fondos vinculados a la campaña.

Por ahora, la nota pública y la denuncia funcionan como el primer paso formal para iniciar una pesquisa que deberá acreditar los hechos más allá de las afirmaciones.