El suicidio del suboficial escribiente Alejandro Tijerina el 5 de julio de 2025 en el hospital Churruca puso en primer plano una realidad devastadora que las autoridades y la gestión ministerial de seguridad han intentado minimizar o ignorar: el colapso del sistema sanitario y el bienestar institucional de la Policía Federal Argentina. La Agrupación “Azules por Siempre” envió a la Ministra Bullrich una carta con requerimientos que, a quince días de enviada, aún no tuvo respuesta.
Desde inicios de 2025, más de 2.200 agentes de las fuerzas de seguridad federales han presentado la baja voluntaria, con 412 efectivos solo en la Policía Federal en los primeros seis meses del año. Este récord histórico de deserciones refleja no solo una crisis salarial sin precedentes sino también un sistema de salud: deteriorado, inaccesible y colapsado.
El hospital Churruca, pilar fundamental del sistema de salud para la fuerza policial, está sumido en un estado de precariedad alarmante: gran parte de sus servicios esenciales permanecen clausurados o funcionan a capacidad mínima, con escasez crónica de insumos y medicamentos. Esta realidad obliga a los agentes tanto activos como jubilados a recurrir a servicios privados que en su mayoría no pueden costear, o a resignarse a la ausencia total de atención médica adecuada.
La administración que profundiza el desastre
Toda esta crisis operativa sucede bajo la gestión directa de la Superintendencia de Bienestar, órgano dependiente del Ministerio de Seguridad, cuya representación política más visible es la ministra Patricia Bullrich. A pesar del agravamiento sostenido de la situación que afecta directamente la salud, la estabilidad laboral y la vida de miles de policías, la respuesta oficial ha sido deficiente, caracterizada por la falta de políticas efectivas y la persistencia en una agenda de ajuste presupuestario.
A partir de 2023, los aumentos salariales quedaron rezagados frente a la inflación y se produjeron recortes persistentes en el presupuesto destinado al sistema de salud policial. El contraste con otras fuerzas y jurisdicciones es notorio: la Policía de la Ciudad, por ejemplo, percibe ingresos mensuales un 50% superiores, evidencia del abandono sistemático e intencional de sectores fundamentales de la fuerza federal.
Las políticas de austeridad y la reducción de recursos provocaron además la suspensión y restricción de tratamientos médicos, entrega insuficiente de medicamentos y un deterioro generalizado en la provisión de servicios de salud. En consecuencia, cientos de afiliados han debido iniciar acciones judiciales para acceder a derechos básicos, con medidas cautelares que solo evidencian la desidia administrativa.
Decisiones políticas que duplican el desamparo
El discurso oficial frecuentemente apunta a externalizar la responsabilidad o a enmarcar acciones carentes de impacto real para el personal. La gestión exhibe un trato más orientado a la conservación de una imagen pública mediática que a resolver los problemas estructurales que afectan directamente a agentes en actividad y retirados.
Mientras tanto, el hospital Churruca -cuya función centralizada para la atención policial debería ser indiscutible- se ha convertido en emblema del abandono institucional: los profesionales y el personal denuncian condiciones precarias, falta de insumos críticos y demoras inexplicables en la atención. El caso de Tijerina, quien arribó al hospital con uniforme y elementos reglamentarios para ser atendido y que ante la ausencia de tratamiento terminó quitándose la vida en un baño de la institución, revela el fracaso absoluto del sistema sanitario diseñado para protegerlo.
Un sistema endeudado y desfinanciado
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que aglutina a más de medio millón de afiliados incluyendo policías, enfrenta una deuda acumulada superior a los 120 mil millones de pesos, con un déficit mensual creciente que ronda los 15 mil millones. Esta crisis financiera, que se inició a partir de 2016 pues hasta entonces las cuentas estaban absolutamente saneadas de acuerdo a registros públicos, lejos de recibir soluciones estructurales, ha sido contrarrestada con mayor recorte de recursos y reducciones en la cobertura que impactan directamente sobre las personas.
En provincias del interior argentino, la situación es aún más grave: la falta de prestadores médicos y la saturación de los pocos existentes deja a miles de afiliados sin opciones reales de atención, profundizando la desprotección y aumentando el nivel de desesperación.
La carta que desnuda la crisis: grave abandono y corrupción institucional
La agrupación policial “Azules por Siempre”, en representación de un amplio sector de la fuerza, plasmó este escenario en una carta formal dirigida a la ministra Bullrich, cuya reproducción íntegra se adjunta en esta nota. En ella se denuncian irregularidades administrativas y financieras bajo la dirección de la Superintendencia de Bienestar, acusando específicamente al Comisario Mayor Favio Adrián Fara de compras sin licitación, gastos opacos y maniobras que perjudican a los afiliados.
Asimismo, se reclama una auditoría integral desde 2016, la investigación patrimonial de los responsables y la restitución inmediata de prestaciones médicas y asistencias familiares suspendidas o limitadas por la gestión actual.
Una gestión sin respuestas ni soluciones
Pese a la creciente gravedad de la crisis, la gestión de la ministra Bullrich no ha logrado encauzar medidas de fondo, permaneciendo en un estado de inacción o respuestas insuficientes. Más allá de discursos y apariencias, la realidad dentro de la Policía Federal argentina es de desamparo, sufrimiento y pérdida de derechos fundamentales
Cada baja voluntaria, cada tratamiento suspendido y cada vida afectada -como la de Alejandro Tijerina- son testimonios silenciosos del costo humano que implica esta política de ajuste. El abandono institucional materializado en decisiones de recorte presupuestario y la ineficacia administrativa configuran un cuadro crítico que exige una reparación inmediata y profunda si se pretende preservar no solo la salud sino la dignidad de los integrantes de la fuerza.
El texto completo de la carta
Buenos Aires, 12 de julio 2025.
A la Sra. Ministra de Seguridad de la NaciónDra. Patricia Bullrich.S/D
Nos dirigimos a usted desde la agrupación AZULES POR SIEMPRE, en representación de un amplio sector de la familia policial de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de expresar nuestra profunda preocupación ante la grave crisis que atraviesa la Obra Social Policial, dependiente de la Superintendencia de Bienestar.
El reciente suicidio del Escribiente Tejerina, que intentó ser ocultado por algunas autoridades policiales, ha puesto en evidencia una realidad que ya no se puede silenciar. Gracias al compromiso del personal, este hecho se hizo público, visibilizando el abandono sistemático al que está sometido nuestro personal policial, tanto en actividad como retirado, así como a sus familias.
La obra social, bajo la dirección del Comisario Mayor Fabio Adrián Fara, enfrenta denuncias por múltiples irregularidades contables, financieras y administrativas: compras sin licitación, gastos poco transparentes y presuntas maniobras dolosas que perjudican directamente a los afiliados. Esta situación vulnera un derecho básico: el acceso a la salud.
La ineficiencia en la gestión ha obligado a cientos de afiliados a iniciar acciones de amparo judicial en diferentes provincias, debido a la falta de atención médica, entrega de medicamentos y cobertura de tratamientos esenciales. Algunas jurisdicciones han dictado medidas cautelares urgentes, lo que demuestra la gravedad de la situación.
En este contexto, una afiliada con una enfermedad crónica, ante la omisión de atención, inició una denuncia penal contra el actual Superintendente de Bienestar, tramitada bajo la causa 1765/20205, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N.º 11, a cargo del Fiscal Gerardo Pollicita.
Por todo lo expuesto, exigimos de forma urgente:
- La realización de una auditoría integral e independiente de las cuentas de la Superintendencia de Bienestar desde el año 2016 hasta el presente.
- La investigación patrimonial de todos los funcionarios responsables que ocuparon cargos de conducción en dicho período.
- El restablecimiento inmediato de las prestaciones médicas, cobertura de tratamientos, provisión de medicamentos y asistencia a familiares.
- Reiteramos que ya existen antecedentes judiciales, como el del ex Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Giacomino, quien fue condenado por irregularidades durante su gestión. No permitiremos que esta historia se repita sin consecuencias.
- Apelamos a su responsabilidad institucional, Sra. Ministra. Le pedimos que cese con las acciones mediáticas que poco tienen que ver con el bienestar real del personal policial, y que actúe en defensa de quienes todos los días ponen en riesgo su vida al servicio del pueblo argentino.
- La familia policial merece respeto, protección y justicia. La salud de nuestros compañeros no puede seguir dependiendo de decisiones administrativas negligentes o políticas de desinterés.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente, a la espera de una pronta y firme respuesta.
AZULES POR SIEMPRE
SecretarioCristian G. Ginex
