De acuerdo a lo que señalan, desde que el gobierno nacional intervino la obra social de los trabajadores rurales, se ejecutaron pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio que no tiene contratos vigentes, mientras se encuentran suspendidos o demorados los pagos a droguerías que mantienen la provisión, lo que genera cortes en tratamientos a pacientes graves.

De acuerdo a una denuncia presentada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, desde que el gobierno nacional intervino la obra social de los trabajadores rurales, se ejecutaron pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio que no tiene contratos vigentes, mientras se encuentran suspendidos o demorados los pagos a droguerías que mantienen la provisión, generando cortes en tratamientos a pacientes graves. También apuntan contra la intervención por haber nombrado a casi 80 personas con sueldos de hasta $11.500.000.

A través de UATRE, denunciaron al interventor de la obra social OSPRERA designado por un decreto de Milei, Marcelo Petroni, por ejecutar pagos millonarios a un laboratorio que no tiene actualmente convenio ni provee ninguna medicación a sus afiliados. “Convirtieron a la Obra Social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, sostiene la denuncia.

Es que, entre noviembre del año pasado y enero de este año, salieron pagos por $555.789.636 sin justificación, por deudas no auditadas y sin contraprestaciones vigentes, por fuera del marco legal vigente e impuesto por el mismo Gobierno que los designa, en perjuicio del patrimonio de la Obra Social y en detrimento de los afiliados y afiliadas.

Al mismo tiempo que realizan esos pagos millonarios, incumplen compromisos de pago de acuerdos vigentes e incumplen obligaciones generando la suspensión de provision y dispensa y suspendiendo tratamientos a pacientes oncológicos, con patologías crónicas como HIV, diabetes y otras enfermedades severas y terminales. Este sistema perverso de incumplimientos y erogaciones arbitrarias e injustificadas, han provocado agravamientos de patologías que no podrán revertise y, lo que es peor aun, el fallecimiento de beneficiarios oncológicos como José Garavento y Marta Susana Morfil, casos ya denunciados ante la justicia para su investigación.

En paralelo, desde que comenzó la intervención se acumulan cientos de intimaciones formales ante la falta de respuestas en tratamientos críticos. Solo desde febrero de 2025 en tres jurisidicciones relevadas -La Plata, Mar del Plata y Rosario- se registraron mas de 60 procesos judiciales entre amparos de salud y ejecuciones por falta de pago de Hospitales Públicos, lo que pone en evidencia el gravisimo estado de salud de la población de la Obra Social.

Las acusaciones formuladas contra Petroni no son solo por el abandono de la salud de los beneficiarios de la Obra Social sino también por incumplir la normativa del propio Ministerio de Salud al que responde. Específicamente, se denuncia el incumplimiento por parte del funcionario de la Resolución n°4912/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Decreto N°1045/2024, que aprueba la “guía de buenas prácticas en la intervención de agentes de salud” que establece que no pueden pagarse deudas sin auditorías, como sería el caso de los pagos denunciados que corresponden a deudas de intervenciones anteriores. La normativa también establece que debe dársele prioridad a los pagos de tratamientos y compra de medicación de pacientes con tratamientos en curso.

La denuncia penal también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta”. “La celebración de contratos ilegales por parte de Marcelo PETRONI son posibles por la aquiescencia de las máximas autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que, debiendo controlar la actuación del interventor, la actividad de la Obra Social y estando en conocimiento de las maniobras fraudulentas e incumplimientos médicos a los afiliados y afiliadas, no adoptaron ni una sola medida de control en el marco de sus funciones”, según la presentación judicial.

La intervención del gobierno nacional a la Obra Social de los Trabajadores Rurales se ejecutó en octubre de 2024 por orden de un juez que terminó apartado por incompetente y denunciado por “prevaricato”. A pesar de las irregularidades en las que se dio la intervención (fuera del horario judicial, sin notificación formal ni respaldo de una causa previa del fiscal), y de la irregularidad en la vigencia del plazo de la sentencia que también se encuentra vencido, la misma se mantiene. Desde su inicio, se han nombrado a 79 personas en distintos cargos, desde delegados, subdelegados, asesores, gerentes. Para pagar dichos salarios, solo en la liquidación de sueldos de enero la intervención gastó más de $370 millones.

Mientras tanto, cientos de trabajadores rurales sufren cortes masivos en sus tratamientos. Son pacientes diagnosticados patologías graves, oncológics, HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la suspensión de sus tratamientos y la falta de cobertura. La UATRE y su Secretario General, José Voytenco, vienen reclamando por la grave situación con intimaciones y denuncias para que la intervención y el Gobierno den respuesta.