Una nueva víctima se suma a la ola de violencia laboral protagonizada por Paula Verónica Ferraris, mano derecha del gobernador Axel Kicillof. Hasta el momento, Ferraris acumula denuncias y procesamientos vinculados al racismo, el acoso laboral y la discriminación.

En la provincia de Buenos Aires, un nuevo caso de despido arbitrario sacude a la administración pública. Pedro Contreras, un trabajador con trinta años de servicio intachable como chofer en la dirección provincial de Centros Gubernamentales, fue despedido sin explicaciones claras, negándole el derecho a una jubilación que le correspondía tras una extensa carrera.

Según testimonios recogidos, Contreras se desempeñó durante tres décadas sin interrupciones, mostrando un compromiso y una responsabilidad ejemplares. No solo cumplía con su horario de trabajo de manera estricta, sino que incluso asistía durante sus vacaciones cuando así se lo solicitaban. Su trayectoria lo llevó a obtener un cargo en planta permanente con estabilidad garantizada bajo la ley 10.430 y alcanzar la categoría 15 dentro de la administración pública bonaerense.

Sin embargo, su carrera terminó de manera abrupta y sin previo aviso. “Un día fue a trabajar y le dijeron ‘firmá acá’. A partir de ese momento fue despedido, sin mayores explicaciones”, relató su esposa. Desde entonces, Contreras atraviesa una depresión severa debido a la injusticia de su despido y la incertidumbre sobre su futuro económico y el de su familia.

Un despido marcado por irregularidades

La decisión de despedir a Contreras se dio en un contexto de creciente tensión dentro del ámbito gubernamental, particularmente desde la llegada de Paula Verónica Ferraris, una funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof. Ferraris, quien tiene a su cargo la Junta Médica, la dirección de Sumario, la dirección de Personal y la Junta de Disciplina, acumula denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.

“Desde que llegó esa mujer, fue todo un caos”, denunció la esposa de Contreras. De acuerdo con su relato, su marido presentó problemas de salud que le impidieron asistir a su trabajo en contadas ocasiones, todas ellas respaldadas por documentación médica de hospitales públicos. Sin embargo, la administración provincial argumentó que no se pudo subir la documentación al sistema y le inició un sumario administrativo. A pesar de solicitar una junta médica para validar su estado de salud, el pedido fue ignorado y se procedió a sumariarlo, prohibiéndole manejar un vehículo oficial y, finalmente, despidiéndolo sin derecho a jubilación.

“Después de servir durante treinta años, lo despidieron sin una causa justa, sin jubilación, se quedó sin obra social y no tiene cómo mantener a sus hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad”, lamentó su esposa. “Todo lo que pedimos es que pueda jubilarse”.

Un trasfondo de denuncias y escándalos

El caso de Contreras no es aislado. Ferraris ha sido protagonista de diversos escándalos a lo largo de su carrera. Su historial de denuncias se remonta a su paso por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en 2013, cuando fue acusada de encubrir a su pareja, el funcionario de la Cancillería, Héctor Hugo Merlo, quien enfrentaba cargos por racismo, acoso laboral y persecución política. En 2016, fue procesada por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública junto con el excanciller Héctor Timerman.

A pesar de estos antecedentes, Ferraris fue designada subsecretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y ha continuado acumulando denuncias por maltrato laboral y discriminación. Uno de los casos más recientes es el de Guillermo López, un trabajador del departamento de Automotores, quien la acusó de burlarse de su trastorno del habla y de su origen paraguayo. Además, según fuentes del área, Ferraris habría encubierto el uso indebido de un vehículo oficial por parte de una amiga suya, ocultando el auto chocado en un galpón para evitar repercusiones.

Impunidad y falta de respuestas

El despido de Pedro Contreras pone en evidencia la falta de garantías para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La ausencia de explicaciones concretas sobre su desvinculación, la negativa a realizar una junta médica y la falta de acción por parte del gobierno provincial han dejado a Contreras y a su familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Hasta el momento, ni el gobernador Axel Kicillof ni la secretaria General, Agustina Vila, han emitido declaraciones sobre el caso. Mientras tanto, Contreras sigue sin empleo, sin obra social y sin una solución para su situación previsional. Su familia y excompañeros exigen que se revisen las condiciones de su despido y que se le otorgue la jubilación que le corresponde por ley.