Una nueva denuncia revela un clima de abuso de autoridad, corrupción e impunidad en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), señalando el uso discrecional de recursos y la persecución sistemática contra oficiales de menor rango, mientras el ministerio de Seguridad permanece en silencio.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del gobierno de Javier Milei vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, llegó a nuestra redacción una denuncia firmada por un oficial de grado subalterno en Buenos Aires, quien expone una serie de graves irregularidades dentro de la fuerza conducida por Alfredo Hernán Gallardo. La carta revela un clima de abuso de autoridad, discriminación y persecución sistemática contra los oficiales de menor jerarquía, mientras que los altos mandos se benefician con presunta impunidad.

Según la denuncia, la dirección de Control Policial de la PSA se ha convertido en una herramienta para castigar a los oficiales de menor rango, mientras que las denuncias contra jefes de operaciones, jefes de unidad e incluso jefes de región son sistemáticamente ignoradas. Incluso aquellos que han sido denunciados en instancias judiciales continúan en funciones sin ninguna sanción, y en algunos casos son trasladados a destinos que ellos mismos solicitan como una suerte de “premio”.

“Control Policial parece actuar únicamente como un medio para perseguir a los oficiales de grado subalterno, omitiendo deliberadamente las numerosas denuncias interpuestas contra jefes de operaciones, jefes de unidad y hasta jefes de región. Es más, muchos de los mencionados anteriormente han sido denunciados ante instancias judiciales, pero continúan desempeñándose en sus cargos con total impunidad, presumiendo que más de la mitad del personal a su cargo a lo largo de sus carreras los ha denunciado, sin que la Policía de Seguridad Aeroportuaria haya tomado ninguna medida al respecto”, explicaron a este medio.

El documento también detalla que los oficiales deben soportar sanciones arbitrarias, recargos de servicios sin compensación, verificaciones abusivas de licencias médicas y sobrecarga de tareas sin pago adicional. Mientras tanto, los altos mandos hacen un presunto uso discrecional de los recursos de la PSA: utilizan vehículos oficiales para fines personales, manipulan registros de asistencia, falsifican partes médicos y usufructúan tarjetas de combustible como si fueran propias. Todo esto, según la denuncia, ocurre con la complicidad del director nacional de la PSA, Alfredo Hernán Gallardo, y de la directora de Control Policial, Cornelia Schmidt-Liermann, quienes miran para otro lado.

Una institución en crisis

Esta nueva denuncia se suma a una serie de escándalos que han sacudido a la PSA en las últimas semanas y que han sido reportados por este medio. Entre ellos, las graves denuncias contra el jefe de operaciones en Salta, Fernando Flores, acusado de discriminación, abuso de poder y acoso contra su personal. La jefa de unidad en la misma provincia, Daniela Maribel Gómez, también ha sido denunciada por violencia institucional y persecución.

El malestar dentro de la PSA es evidente, y el hartazgo de los oficiales de grado subalterno se refleja en la carta recibida: “¿Hasta cuándo se continuará soportando esta situación? ¿Intervendrán algún día para investigar lo que realmente está ocurriendo?”. La denuncia también señala que incluso los oficiales retirados sufren las consecuencias de esta crisis institucional, ya que no se les respeta el blanqueo salarial y muchos de ellos perciben sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, las autoridades del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich no han emitido ninguna respuesta pública sobre estas denuncias. Mientras tanto, la PSA sigue sumida en un espiral de abuso, impunidad y corrupción que sus propios oficiales ya no están dispuestos a tolerar